Por una ironía de la historia, ayer se murió el ex almirante Emilio Massera y debutó ante un tribunal el cardenal Jorge Bergoglio. Así volvieron a cruzarse la rama naval de la dictadura y la Iglesia Católica, en la ciudad de Buenos Aires, donde Massera montó su aparato de torturas y exterminio y en la que Bergoglio encabeza la principal diócesis del país. Uno y otro recibieron de la justicia argentina un trato reverente.
Massera fue detenido por primera vez en plena dictadura, cuando el esposo de su amante no volvió de un paseo en el yate oficial del Comandante en Jefe de la Armada. A ese procesamiento se sumó el segundo en 1985, junto con Jorge Videla y Ramón Agosti. Por última vez de uniforme, se quejó ante la Cámara Federal de la veleidosa sociedad que le daba la espalda luego de haberlo consentido. Durante años rumió su mayor rencor contra los grandes empresarios, cuyos privilegios tuvo la ingenuidad de creer que compartiría para siempre. Indultado por Menem, recorrió canales de televisión prestando un servicio a la sociedad que muchos no valoraron en aquel momento. Su gesto tenso, la repetición de consignas vacías, el despecho y la amenaza en cada palabra, sirvieron para que los más jóvenes aprendieran de primera mano el horror. El señor de la ESMA volvió a caer en 1998, horas después que Pinochet en Londres, por robo de bebés y saqueo de los bienes de sus víctimas. Pero el proceso se suspendió porque en 2002 sufrió un derrame cerebral. La justicia de Roma, donde debía responder por la desaparición de personas de nacionalidad italiana, envió a la Argentina un perito médico. Su dictamen, en febrero de 2009, fue que fingía y que estaba en condiciones de enfrentar el proceso. Al mes siguiente se le realizó un nuevo peritaje argentino. El dictamen ratificó que Massera carecía de la posibilidad de comprender las resoluciones judiciales. Así lo certificaron incluso los peritos designados por las víctimas. Desde entonces, nadie volvió a molestar a uno de los tres jefes de la primera dictadura militar, quien vivió en su casa, con su familia, hasta su internación final. Murió de viejo, a los 85 años. Esa es la diferencia entre el terrorismo de Estado y el estado de derecho, en el que hasta el peor asesino goza de las garantías que en el apogeo de su poder negó a sus víctimas.
Bergoglio tuvo el privilegio de eludir la declaración pública en el tribunal que juzga los crímenes de la dictadura. En cambio los jueces aceptaron visitarlo en su arquidiócesis. Reconoció que en 1999 habló conmigo sobre el secuestro de sus entonces subordinados en la Compañía de Jesús, Orlando Yorio y Francisco Jalics. Pero dijo que nunca oyó hablar de la isla “El Silencio”, en el Tigre, propiedad del Arzobispado porteño, a la que fueron trasladados los prisioneros de la ESMA en 1979 para que no los encontrara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso no es cierto, ya que en aquella entrevista Bergoglio me dio los datos precisos sobre el expediente sucesorio del solterón empleado de la Curia que figuraba como dueño de la propiedad. El papel manuscrito que me entregó se reproduce en esta página.
También negó haberse entrevistado en el Colegio Máximo con el obispo de Morón, Miguel Raspanti. Esto contradice el testimonio de la catequista de Morón Marina Rubino, quien estudiaba teología en el Máximo. Un mediodía, al salir de sus cursos, encontró allí a Raspanti. Marina sabía que sus profesores Jalics y Yorio y un tercer jesuita que trabajaba con ella en el colegio de Castelar, Luis Dourron, habían pedido pasar a la diócesis de Morón. Le dijo que los tres eran intachables, que no dudara en recibirlos. Raspanti le aclaró que la situación era más complicada. No podía recibirlos en la diócesis por “las malas referencias que Bergoglio le había mandado”. Estaba muy angustiado “porque en ese momento Orlando y Francisco no dependían de ninguna autoridad eclesiástica y, me dijo:
–No puedo dejar a dos sacerdotes en esa situación ni puedo recibirlos con el informe que me mandó. Vengo a pedirle que simplemente los autorice y que retire ese informe que decía cosas muy graves".
Bergoglio dijo a los jueces que cuando los curas fueron secuestrados mantuvo un diálogo duro con Massera, a quien visitó para salvarlos. También le preguntaron por su visita a la Cancillería al pedir un trámite especial para la renovación del pasaporte de Jalics, una vez que quedó en libertad. Contestó que le había dicho al funcionario que lo atendió que Jalics estuvo detenido junto con Yorio, que ambos fueron acusados de guerrilleros pero que “no tenían nada que ver”. No es eso lo que dicen los documentos del archivo de Culto. Según el funcionario Anselmo Orcoyen, Bergoglio le dijo que Jalics tuvo “actividad disolvente en Congregaciones religiosas femeninas (Conflictos de obediencia)”. Fue “detenido en la Escuela de Mecánica de la Armada 24/5/76 XI/76 (seis meses) acusado con el padre Yorio. Sospechoso contacto guerrilleros. Vivían en pequeña comunidad que el superior Jesuita disolvió en febrero de 1976 y se negaron a obedecer solicitando la salida de la Compañía el 19/3. Ningún Obispo del Gran Buenos Aires lo quiso recibir”. Orcoyen añade que Bergoglio le comunicó esos hechos “con especial recomendación de que no se hiciera lugar a lo que solicita”.
Cuando en la megacausa ESMA se trate el secuestro de Yorio y Jalics, es probable que estos hechos vuelvan a ventilarse, pero en otros términos, y que Bergoglio no pueda acogerse a los privilegios que el Código Procesal Penal concede por su jerarquía a algunos testigos, pero no a los imputados. Tal vez entonces envidie las brumas mentales que aliviaron el final de Massera.
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