Asociación ilícita

Por Daniel Link para Perfil

Carlos Alberto Pazos, presidente de la CADRA, envió el pasado 2 de agosto de 2012 una carta al Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras con motivo del vencimiento del contrato (aquí denunciado como arbitrario, en su momento) según el cual la Universidad de Buenos Aires se obliga a pagar un canon a esa entidad de gestión colectiva de derechos.

Desde la firma de aquel acuerdo hasta ahora la comunidad académica ha tomado conciencia del perjuicio que la renovación de un convenio semejante involucra. Desde la Universidad de la Plata han llegado documentos (“Las malas ideas: «centros de administración de derechos reprográficos» y servicios bibliotecarios” de Federico Reggiani) demostrando las falacias argumentativas de la CADRA, cuyo objetivo es antes amedrentar que justificar sus caprichosas posiciones.

Reggiani expone, con una serenidad para mí imposible, argumentos que yo mismo he sostenido: el objetivo de CADRA es autoalimentarse como institución parásita (para distribuir $ 0.63 por título supuestamente reprografiado, el costo administrativo que se fija CADRA es de $24.000) y sus acciones “protectoras” se fundamentan en presupuestos anacrónicos y, lo que es peor, viciados por una perspectiva paranoica que el más mínimo examen de las estadísticas sobre la producción de libros desmiente categóricamente.

Yo, que soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, sé que mis alumnos no eligen leer tal o cual título, sino que son obligados a hacerlo porque esos títulos constituyen la bibliografía obligatoria de la materia que dicto. De modo que hay ahí un mercado cautivo que la CADRA pretende explotar como si se tratara de una banda de salteadores de caminos cuyo objetivo primero es vulnerar los derechos de propiedad intelectual de los autores que mi capricho (y el de los demás profesores) los obligan a frecuentar.

Por eso, desde hace años mis alumnos han dejado de leer bibliografía “protegida” por CADRA (Marcelo Cohen, Martín Kohan, Oliverio Coelho y Beatriz Sarlo figuran en la nómina de “autores asociados”), no distribuyo fotocopias y, como autor, he instruido a los editores que tienen en sus catálogos mis libros para que no persigan a nadie en mi nombre, y para que no autoricen a CADRA a cobrar suma alguna en mi representación.

No me refiero a mis novelas, claro, ni a la relación con el público no universitario (que comprará o no libros según su deseo), sino a los libros que fueron producidos con sueldos y subsidios de la universidades que, ahora, deberían pagar sumas extraordinarias por esas publicaciones financiadas por sus programas de investigación (o los del CONICET).

La Universidad no debe pagar un centavo a CADRA, sino más bien exigir a esas instituciones malignas el pago de un canon promocional, porque sus docentes hacen de aparato de propaganda cada vez que recomiendan un libro a un público cautivo.