sábado, 16 de noviembre de 2019

Otra renuncia inducida

Por Daniel Link para Perfil

Evo Morales renunció. Debió haberlo hace mucho tiempo, cuando las condiciones lo favorecían, pero lo hizo ahora, por “sugerencia” de las Fuerzas Armadas y después de una auditoría vinculante que también le fue desfavorable.
Evo Morales renunció y sumió a todo el continente en un debate de profundas consecuencias: fraude o golpe.
Nosotres, que tenemos nuestra historia con renuncias forzadas, sabemos que más que la década del setenta, con las recurrentes celebraciones del Departamento de Estado norteamericano ante cada interrupción del orden democrático, el tiempo que vuelve es uno mucho más grave, el de la Década Infame.
El 6 de septiembre de 1930, un grupo cívico-militar encabezado por el general José Felix Uriburu y Agustín Pedro Justo (en posiciones inferiores también participaron el teniente coronel Álvaro Alsogaray y Juan Domingo Perón) derrocó a un Hipólito Yrigoyen enfermo de gripe y, desde hacía tiempo, víctima de una campaña destituyente impulsada por la Liga Patriótica y el diario Crítica. Después de la Constitución de 1853, fue el primero de varios intentos golpistas en conseguir su miserable objetivo.
Entonces, como ahora, se achacaba al presidente Yrigoyen la manipulación de los mecanismos constitucionales (en su caso, para obtener las mayorías parlamentarias de las que carecía). Acorralado, Hipólito Yrigoyen aceptó la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas y escribió un texto que los analistas del discurso aprendimos a leer de la mano de Elvira Arnoux: “Ante los sucesos ocurridos, presento en absoluto la renuncia al cargo de presidente de la Nación Argentina”.
La cláusula “en absoluto” refuerzo una negación (equivale a “de ningún modo”) y no a una afirmación, con lo que el texto de Yrigoyen lleva implícito el forzamiento golpista del que surgió.
Evo Morales también fue forzado a renunciar. Después de la amputación viene la gangrena, pero por ahora sangramos por la herida.



1 comentario:

  1. Los golpistas argentinos asumieron con la complicidad de la honorable Corte Suprema de la Nación que con "la acordada" los legitimaron.

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