La nueva ola

por Daniel Link para Perfil

Qué pesadilla. Vuelve “el extraño de pelo largo”, vuelve “despeinada”, vuelve “estoy muy solo y triste aquí en este mundo abandonado” y sobre todo vuelve “hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche”.

Pasamos un año de pandemia aceptando las limitaciones a la movilidad, el encierro y el confinamiento, los trabajos perdidos, el distanciamiento y las burbujas porque esperábamos los planes de vacunación. Mientras tanto, comentábamos los cuadros de situación de Giorgio Agamben, Bifo o María Galindo a quienes el tiempo les dio la razón.

Hoy estamos ante nuevas órdenes de confinamiento, de distancia y ante terrores potenciados. Porque no tenemos vacunas. Porque las vacunas, que compran los Estados a las farmacéuticas, cerrando un círculo perfecto de capital y gobierno, escasean.

La mercantilización de la salud (ya ni siquiera alcanza con decir “pública”, hay que decir “planetaria”) determina la escasez de vacunas y la apropiación del 90 % de las producidas por las principales potencias.

Desde el mes de diciembre, Naciones Unidas viene reclamando el cese de la crueldad que supone someter el régimen social de producción de conocimiento a la lógica de la propiedad intelectual y el patentamiento.

Se han presentado ante la OMS varios pedidos para que, en esta situación de emergencia, se libere la producción de las vacunas de comprobada eficacia en los laboratorios capacitados para producir genéricos. Médicos sin Fronteras ha reclamado de las multinacionales farmacéuticas el gesto de generosidad que la hora les reclama: ceder las fórmulas para curar al mundo.

La situación de Argentina es crítica. Al crecimiento exponencial de la curva de contagios (con circulación comunitaria de las cepas de Manaos, Reino Unido, etc.) sólo se ha podido oponer (en tres meses de “desplante de vacunación”) un 7 % de la población con una sola dosis y un 1.4 % con dos dosis.

Es una situación de emergencia. ¿Cuál es el diagnóstico? La culpa es de la gente: los jóvenes que salen, toman cerveza, mate, se pegotean unos con otros con lubricidad; los que se van al mar o a la montaña, los adolescentes que cumplen su rito de pasaje “viaje de egresados”, los deportistas que juegan con el jabón en el suelo en las duchas, los y las que toman trenes, subterráneos y colectivos. ¿Cuál es la solución? Toque de quena.

En Argentina, como se sabe, ya se ha producido el principio activo de la vacuna patentada por AstraZeneca equivalente a 40 millones de dosis. Aunque las autoridades nacionales no se han pronunciado sobre los riesgos de trombosis de la vacuna, la discusión en el mundo parece haberse resuelto en su favor.

Sin embargo, la empresa del Sr. Hugo Sigman exportó a México, donde la vacuna se fraccionará y se envasará en las empresas del Sr. Carlos Slim, la totalidad de la producción, sin que Argentina recibiera todavía ni una sola dosis (no confundir con la Covishield, de la cual llegaron 580.000 dosis desde la India).

Como respuesta a las denuncias de, por ejemplo, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y los partidos de izquierda (FIT), el Gobierno nacional anunció una partida para la tercera semana de abril (sólo el 4% de lo comprometido).

La situación es rarísima: Argentina es capaz de no pagar la deuda externa, insultar al FMI, enemistarse con los Estados Unidos, retirarse de Grupo de Lima, enemistarse con Uruguay (¡con Uruguay!) por unos puntitos arancelarios, pero no es capaz de habilitar a laboratorios públicos y privados argentinos a fraccionar y envasar la vacuna, lo que aceleraría considerablemente la “planilla de vacunación”.

Las razones del nuevo confinamiento deben de estar en los contratos suscriptos por Argentina, cuya confidencialidad ha sido expuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en resolución de abril de 2020 (Pandemia y Derechos humanos en las Américas) y por el Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas de diciembre de 2020 (“el Comité recuerda a los Estados partes que la propiedad intelectual no es un derecho humano sino un producto social con una función igualmente social”).