por Horacio Verbitsky para The New York Times y Página/12
La organización que presido, el Centro de Estudios Legales y
Sociales, representa a un grupo de víctimas del atentado. En 2005, el
entonces presidente Néstor Kirchner reconoció la responsabilidad del
Estado por no haber prevenido el atentado ni resolverlo después.
Se firmó un acuerdo en el que el Estado se comprometió a modificar
la ley de inteligencia para impedir cualquier interferencia con la
justicia. Llevó casi una década que la viuda de Kirchner, que ahora
conduce el país, comenzara a cumplir ese compromiso.
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