sábado, 16 de septiembre de 2017

Pagar el precio


Por Daniel Link para Perfil



Como está cerca de Palos de la Frontera, visita el Puerto de Palos, donde parte de su cóctel genético comenzó a formarse, como el de tantos americanos. Allí, la municipalidad de Huelva, ha instalado un memorial que conmemora el “Encuentro de culturas”. Están las tres carabelas, reconstruidas en 1992 en ocasión del V Centenario, rodeadas de una serie de puestos portuarios presuntamente de la época en que Cristoforo Colombo partió rumbo al Este en busca del oro de las Indias. Delante de las carabelas, en abanico ofensivo, se encuentran las chozas y los indios e indias desnudos que tanto encandilaron la libido de los conquistadores.

Pero antes de llegar hay que pasar por la taquilla y pagar el precio. Pregunta a una empleada más atónita que otra cosa: “¿Los indios podemos entrar gratis?”. La cajera niega con la cabeza, con una sonrisa que no se sabe si es idiota o cómplice (porque los andaluces también sufrieron la Conquista). “¿Aceptan cuentas de colores como forma de pago?”, insiste. Ahora la negativa adopta la forma del miedo.

Se resigna a pagar la entrada para ver lo que ya sabe: la celebración de la navegación cristiano-capitalista y su imparable impulso destructor bajo la máscara de una felicidad que ni siquiera engaña a los pocos niños portugueses que frecuentan el lugar.

En el centro de interpretación, los datos obvios, los más escolares. Se acerca a un empleado que custodia no se sabe bien qué memoria y le dispara: “¿Escenas de matanza, no hay?”. La respuesta protocolar del empleado significa un hábil entrenamiento para enfrentar los ocasionales destellos de rencor de los visitantes americanos.

En países como Argentina faltan custodios del orden bien entrenados. Habría bastado la acusación infundada de “quieren fundar una República Autónoma Mapuche” para que una ministra de seguridad tuviera que renunciar en el poco educado Reino de España. En Argentina, en cambio, sigue en funciones después de episodios incluso más graves que los panelistas de los programas televisivos tratan de ocutar sin trazo alguno de culpabilidad y con una ignorancia supina sobre los procesos que los desencadenaron. Pedirles que lean libros sería peregrino, pero tal vez uno podría pedirles que miren televisión que, a veces, también educa sobre problemas que son globales porque comenzaron a formarse precisamente en el capricho de un genovés ambicioso que cargó tres naves con falsas esperanzas.

El asunto “indígena”, por ejemplo, ha aparecido en series como The Killing, que dice que en las reservas de América del Norte hay salas de juego y prostitución a las que no pueden ingresar lor agentes ordinarios del orden. Sea esto cierto o no, en todo caso demuestra el mismo terror a la pérdida de control por parte del Estado de segmentos territoriales, los cuerpos que con él se relacionan y otros asuntos que hoy tienen estatutoparlamentario-televisivo en Argentina.

El conflicto no es producto de la delirante imaginación kirchnerista, sino el signo de los tiempos porque existe un principio generalmente aceptado que involucra la autopercepción como clave de definición racial identitaria.

La britaniquísima Ley de los Lores de 1983 dictaminó que “Para que un grupo constituya un grupo étnico en el sentido de la Ley de Relaciones Raciales de 1976, debe considerarse a sí mismo y ser considerado por otros como una comunidad distinta en razón de ciertas características”. Después de establecer esas características, la ley agrega: “Siempre que una persona que se una al grupo de referencia se sienta miembro de él y sea aceptada por otros miembros, será, a los efectos de esta ley, un miembro de esa comunidad”.

Perseguidos, exterminados, obligados a abandonar sus territorios y sus creencias, los mapuches, los quilmes, los guaraníes, los calchaquíes y los huarpes, entre tantos otros, encontraron en un principio de jurisprudencia global una herramienta no para reclamar todo lo perdido sino al menos para poder sostener un estilo de vida contrario a los microfascismos que los representantes de las multinacionales en el parlamento argentino, en la televisión porteña y en las fuerzas de seguridad sostienen a rajatabla.


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