Sent: Tuesday, November 22, 2005 11:32 AM
Subject: crogmañon
Hora de hablar
Por Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas
Serenamente, después de pensarlo, como solemos hacer, vimos que ha llegado la hora de hablar.
No sabemos por qué ni para qué, aprovechando sus amplias posibilidades periodísticas, Horacio Verbitsky difama, injuria a personas de los organismos y en la última nota a los mismos organismos. ¿Qué lo lleva a esa necesidad de ofender y descalificar? ¿Se podrá saber alguna vez?
Por ahora desconocemos las motivaciones de esta repudiable actitud que arrastra al organismo que preside, en su ilimitado afán de volcar su odio o lo que tiene adentro y no sabemos qué es, hacia quiénes, seguramente por escondidas razones elige como sus circunstanciales, antiguos o actuales enemigos.
¡Qué pena el CELS!
Un organismo tan prestigioso por la obra de quienes lo crearon: Emilio Mignone, Augusto Conte, Boris Pasik, Alfredo Galletti y tantas otras dignas personas.
Ellos lo idearon, lo hicieron crecer y dar abundantes frutos, de verdad, de justicia, de coherencia, de solidaridad, de ética, en largos y azarosos años. Siempre cerca, al lado y en buena relación con los compañeros de camino de todos los Organismos de Derechos Humanos.
Y ahora se opaca su imagen por obra del actual presidente, señor Horacio Verbitsky.
No podíamos continuar callando ante tanta agresión inaceptable e impune.
- - -
Independencia crítica
Por CELS *
Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas dicen sentir “pena” por el CELS. Nosotros, en cambio, nos sentimos honrados del trabajo que realizamos durante todos estos años y del espíritu de lucha que lo inspira; trabajo y lucha que hemos compartido con el resto de los organismos, aun cuando en algunas oportunidades hayamos tenido diferencias, en privado y en público.
Somos un organismo de derechos humanos pluralista y democrático. Históricamente, hemos elegido como presidentes a figuras de amplia trayectoria, que sostuvieron los principios éticos y los ideales políticos que guían la institución, y que la enriquecieron desde su práctica y su pensamiento. Para nosotros, éste es un activo valioso que se desprende de la historia del CELS y explica en buena medida la fuerza de sus acciones. Rechazamos los términos descalificatorios que se expresan en la nota en contra de la institución y de las opiniones de su presidente. Por otra parte, ratificamos nuestra postura de alerta frente a los intentos de utilización y cooptación de los organismos de derechos humanos por parte de diferentes expresiones político-partidarias. Porque no queremos abdicar del objetivo institucional de incidir en las políticas estatales desde una perspectiva de derechos humanos, sostenemos la necesidad de preservar un espacio de independencia crítica frente a los poderes públicos como factor fundamental para garantizar la credibilidad de nuestras opiniones y la legitimidad de nuestras acciones.
Ante la agraviante misiva, ratificamos estos principios que han asegurado nuestra identidad institucional a través de más de veinticinco años de existencia.
* Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales.
- - -
Los organismos y el Estado
Por Horacio Verbitsky
Para que l@s lector@s entiendan de qué se trata: Abuelas y Familiares (“Hora de Hablar”) se refieren a mi nota “Su merecido”, sobre la actitud de Aníbal Ibarra ante el incendio en Cromañón. Decía que a pesar de “la extorsión a organizaciones sociales y de la cooptación de organismos de derechos humanos que reciben subsidios y puestos en el gobierno”, Ibarra no llegó “ni a la mitad de las firmas que necesitaba para que el referéndum fuera obligatorio”. Junto con mi respuesta personal se publica en esta misma página una respuesta institucional de la Comisión Directiva del CELS, en cuya elaboración me excusé de participar.
Aquel apoyo al referéndum motivó respuestas de H.I.J.O.S., que se identificaron con quienes “han sufrido las heridas de la desidia y la inoperancia”, y reclamaron juicio y castigo para todos quienes “tuvieron el poder de impedir esta tragedia” y de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que recordaron que nunca hicieron partidismo y que acompañaban a los familiares de las víctimas “en el dolor y en sus reclamos”, en contra de “la impunidad y la corrupción” de “este sistema perverso”.
La semana pasada la difusión oficial incluyó a Familiares y Abuelas entre los convocantes a un acto político en respaldo de Ibarra. De ese modo volverían a colocarse en la vereda opuesta a la de las víctimas de Cromañón y su reclamo de verdad y justicia, tan parecido al de los organismos respecto de otras muertes, tres décadas atrás, como si fuera posible congelar el tiempo en aquél momento trágico e ignorar que la vida ha continuado, con sus nuevos dolores y sus renovadas luchas y protagonistas. El jueves, Estela Carlotto se mostró en una actividad propagandística de Ibarra junto al suspendido jefe de gobierno, pero ayer anunció que no concurriría al acto.
Mientras los eternos sindicalistas municipales aprontan sus micros como lo hicieron el 20 de junio de 1973 rumbo a Ezeiza (es de esperar que ahora sin armas), funcionarios del gobierno de la Ciudad están llamando a contratados y proveedores para intimarlos a concentrarse hoy a las 17.30 en Perú y Avenida de Mayo y amenazándolos con las consecuencias que tendría no hacerlo. Así lo denuncia el ex preso político Gustavo Westerkamp, hijo del miembro fundador y hasta hoy integrante del CELS Federico Westerkamp. “Se imaginan mi contestación” al funcionario que lo llamó, cuenta Westerkamp. “Le dije que no había militado en vano, que los sueños me acompañan todos los días a todas partes, atravesado los siete años por las cuatro cárceles del terror que viví (Devoto, La Plata, Rawson, Sierra Chica); que si los milicos no habían podido doblegarme menos iba a poder él y su mandante Ibarra. Que él era igual que [el ex Senador] Duhalde, al ejercer el mismo tipo de clientelismo político que repudiamos a lo largo de tantos años. Que no sobreviví a mis compañeros comoAdriana Spaccavento y tantos otros para transar y negociar todo por 1500 pesos y una manifestación armada por el aparato Ibarrista.” Esa actividad de intoxicación de la opinión pública comenzó el jueves con una visita de Ibarra a un centro de jubilados, cuyos responsables agradecieron con ingenua sinceridad los subsidios de recibieron de su gobierno. El jefede gabinete Raúl Fernández reconoció ayer a este diario que se llegó a esta situación porque confundieron participación en el aparato del Estado con construcción política. Hoy intentarán confundir el uso clientelista de tal aparato con clamor popular.
En una nota sobre Cromañón, a un mes del incendio, destaqué la trayectoria de Ibarra. Como fiscal se opuso a los decretos de indulto e integró la comisión del Ministerio Público para los casos de chicos apropiados durante la dictadura, como legislador promovió la creación de un Parque de la Memoria y desde el gobierno de la Ciudad apoyó la creación de un museo en el predio donde aún funcionaba la ESMA. También lo contrasté con su principal impugnador, el hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri, representante de la clase empresarial sustento de la dictadura militar y, ya volcado a la política, promotor de las reformas represivas al Código de Convivencia Urbana, que niegan el uso del espacio público a piqueter@s y vendedore@s ambulantes. Ibarra fue de lo mejor y Macri de lo peor. Pero lo que está en juego no es el pasado de cada uno ni el futuro electoral sino las responsabilidades actuales por un episodio siniestro, de una magnitud sin precedentes en el país, en el que murieron casi doscientos jóvenes, en un local donde el gobierno porteño omitió su deber de control pese a todas las advertencias recibidas, porque los boliches formaban parte de la caja política que manejaban funcionarios de la intimidad de Ibarra. No es sensato dejarse sumar en forma acrítica a la degradación del progresismo porteño y los organismos de derechos humanos han tenido la cautela de no hacerlo, con apenas un par de excepciones.
Mis únicas referencias anteriores a lo que la carta llama “personas de los organismos” fueron una polémica político-ideológica en 2001 cuando Hebe de Bonafini festejó el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, y el relato periodístico de la crisis en la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires en 2003 y sus secuelas hasta hoy. Reproducía fragmentos de una carta del integrante de la Comisión, Carlos Sánchez Viamonte, a su entonces presidenta Estela Carlotto. Según escribió Sánchez Viamonte, desde que Carlotto acordó el nombramiento de su hijo en el gabinete de Solá, pasó a opinar que “sólo debíamos ocuparnos del pasado. De ningún modo denunciar el incremento de las torturas en dependencias policiales” ni en las cárceles. La Comisión no aceptó desentenderse de las violaciones a los derechos humanos presentes y Estela Carlotto renunció. Luego, Remo Carlotto obtuvo el cupo de hijo en la lista bonaerense del Frente para la Victoria para la Cámara de Diputados.
La discusión impostergable es sobre el vínculo entre organizaciones autónomas de la sociedad civil y el Estado, suscitada por el arribo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma y de la Nación de autoridades que comparten en distinto grado las reivindicaciones históricas de los organismos. Bienvenida sea esta coincidencia, siempre que se mantengan las debidas distancias, no se confundan los papeles de cada uno, no se incurra en las prácticas que siempre se han cuestionado cuando las ejercían otros y se conserve la posición crítica respecto de las violaciones a derechos básicos que se siguen cometiendo hoy en esas jurisdicciones, distintas a las del pasado pero que requieren respuesta de los organismos de derechos humanos. Las leyes de impunidad ya han sido anuladas, los juicios contra los asesinos de la dictadura están en marcha y ni siquiera la Iglesia se anima hoy a defenderlos más que en forma solapada. La conciencia social sobre aquellos años es mayor que nunca antes. El vínculo de los organismos de derechos humanos con la sociedad se prueba hoy en otros terrenos: la violencia institucional, que en las cárceles bonaerenses llega a niveles de escándalo; la negación en todo el país de los derechos económicos, sociales y culturales; la necesidad de reformas que fortalezcan una justicia democrática; la defensa de la vida, la integridad física y la libertad que los jóvenes arriesgan cada vez quesalen a la calle, ya sea por razones laborales, de esparcimiento, en procura de un trabajo digno o de protesta colectiva. Siempre que se trata de derechos humanos de un lado están las personas, que padecen su violación y luchan por su reconocimiento, y del otro el Estado, por acción u omisión de un guardiacárcel, un policía, un juez o un gobernante. En ese contexto, la utilización política del empleo público, el contrato y el subsidio que intenta el gobierno de la Ciudad corrompen y desvirtúan los roles de cada uno. Nada tiene de ofensivo plantearlo para que se discuta. La actuación pública de los organismos los hace pasibles de escrutinio, análisis y crítica. No pueden oponer a ello sus méritos históricos, ganados en confrontación y no en promiscuidad con el poder. También es legítimo que sus integrantes ocupen a título individual cargos públicos, pero a partir de allí se convierten en funcionarios, que no pueden invocar la persecución pasada para negarse a rendir cuentas sobre su desempeño, ni acudir al organismo de origen para que los escude de la crítica. Los políticos de cualquier orientación siempre están dispuestos a aprovechar todo aquello que les convenga, y las organizaciones de la sociedad civil deben estar alertas para no ser utilizadas en un juego que no es el propio. Estas son las únicas razones, para nada ocultas, de la respetuosa objeción a determinadas conductas que a mi juicio son propias del negocio político y no de la construcción de una democracia con derechos y obligaciones iguales para todos y sin prerrogativas inconfesables.
Por Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas
Serenamente, después de pensarlo, como solemos hacer, vimos que ha llegado la hora de hablar.
No sabemos por qué ni para qué, aprovechando sus amplias posibilidades periodísticas, Horacio Verbitsky difama, injuria a personas de los organismos y en la última nota a los mismos organismos. ¿Qué lo lleva a esa necesidad de ofender y descalificar? ¿Se podrá saber alguna vez?
Por ahora desconocemos las motivaciones de esta repudiable actitud que arrastra al organismo que preside, en su ilimitado afán de volcar su odio o lo que tiene adentro y no sabemos qué es, hacia quiénes, seguramente por escondidas razones elige como sus circunstanciales, antiguos o actuales enemigos.
¡Qué pena el CELS!
Un organismo tan prestigioso por la obra de quienes lo crearon: Emilio Mignone, Augusto Conte, Boris Pasik, Alfredo Galletti y tantas otras dignas personas.
Ellos lo idearon, lo hicieron crecer y dar abundantes frutos, de verdad, de justicia, de coherencia, de solidaridad, de ética, en largos y azarosos años. Siempre cerca, al lado y en buena relación con los compañeros de camino de todos los Organismos de Derechos Humanos.
Y ahora se opaca su imagen por obra del actual presidente, señor Horacio Verbitsky.
No podíamos continuar callando ante tanta agresión inaceptable e impune.
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Independencia crítica
Por CELS *
Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas dicen sentir “pena” por el CELS. Nosotros, en cambio, nos sentimos honrados del trabajo que realizamos durante todos estos años y del espíritu de lucha que lo inspira; trabajo y lucha que hemos compartido con el resto de los organismos, aun cuando en algunas oportunidades hayamos tenido diferencias, en privado y en público.
Somos un organismo de derechos humanos pluralista y democrático. Históricamente, hemos elegido como presidentes a figuras de amplia trayectoria, que sostuvieron los principios éticos y los ideales políticos que guían la institución, y que la enriquecieron desde su práctica y su pensamiento. Para nosotros, éste es un activo valioso que se desprende de la historia del CELS y explica en buena medida la fuerza de sus acciones. Rechazamos los términos descalificatorios que se expresan en la nota en contra de la institución y de las opiniones de su presidente. Por otra parte, ratificamos nuestra postura de alerta frente a los intentos de utilización y cooptación de los organismos de derechos humanos por parte de diferentes expresiones político-partidarias. Porque no queremos abdicar del objetivo institucional de incidir en las políticas estatales desde una perspectiva de derechos humanos, sostenemos la necesidad de preservar un espacio de independencia crítica frente a los poderes públicos como factor fundamental para garantizar la credibilidad de nuestras opiniones y la legitimidad de nuestras acciones.
Ante la agraviante misiva, ratificamos estos principios que han asegurado nuestra identidad institucional a través de más de veinticinco años de existencia.
* Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales.
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Los organismos y el Estado
Por Horacio Verbitsky
Para que l@s lector@s entiendan de qué se trata: Abuelas y Familiares (“Hora de Hablar”) se refieren a mi nota “Su merecido”, sobre la actitud de Aníbal Ibarra ante el incendio en Cromañón. Decía que a pesar de “la extorsión a organizaciones sociales y de la cooptación de organismos de derechos humanos que reciben subsidios y puestos en el gobierno”, Ibarra no llegó “ni a la mitad de las firmas que necesitaba para que el referéndum fuera obligatorio”. Junto con mi respuesta personal se publica en esta misma página una respuesta institucional de la Comisión Directiva del CELS, en cuya elaboración me excusé de participar.
Aquel apoyo al referéndum motivó respuestas de H.I.J.O.S., que se identificaron con quienes “han sufrido las heridas de la desidia y la inoperancia”, y reclamaron juicio y castigo para todos quienes “tuvieron el poder de impedir esta tragedia” y de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que recordaron que nunca hicieron partidismo y que acompañaban a los familiares de las víctimas “en el dolor y en sus reclamos”, en contra de “la impunidad y la corrupción” de “este sistema perverso”.
La semana pasada la difusión oficial incluyó a Familiares y Abuelas entre los convocantes a un acto político en respaldo de Ibarra. De ese modo volverían a colocarse en la vereda opuesta a la de las víctimas de Cromañón y su reclamo de verdad y justicia, tan parecido al de los organismos respecto de otras muertes, tres décadas atrás, como si fuera posible congelar el tiempo en aquél momento trágico e ignorar que la vida ha continuado, con sus nuevos dolores y sus renovadas luchas y protagonistas. El jueves, Estela Carlotto se mostró en una actividad propagandística de Ibarra junto al suspendido jefe de gobierno, pero ayer anunció que no concurriría al acto.
Mientras los eternos sindicalistas municipales aprontan sus micros como lo hicieron el 20 de junio de 1973 rumbo a Ezeiza (es de esperar que ahora sin armas), funcionarios del gobierno de la Ciudad están llamando a contratados y proveedores para intimarlos a concentrarse hoy a las 17.30 en Perú y Avenida de Mayo y amenazándolos con las consecuencias que tendría no hacerlo. Así lo denuncia el ex preso político Gustavo Westerkamp, hijo del miembro fundador y hasta hoy integrante del CELS Federico Westerkamp. “Se imaginan mi contestación” al funcionario que lo llamó, cuenta Westerkamp. “Le dije que no había militado en vano, que los sueños me acompañan todos los días a todas partes, atravesado los siete años por las cuatro cárceles del terror que viví (Devoto, La Plata, Rawson, Sierra Chica); que si los milicos no habían podido doblegarme menos iba a poder él y su mandante Ibarra. Que él era igual que [el ex Senador] Duhalde, al ejercer el mismo tipo de clientelismo político que repudiamos a lo largo de tantos años. Que no sobreviví a mis compañeros comoAdriana Spaccavento y tantos otros para transar y negociar todo por 1500 pesos y una manifestación armada por el aparato Ibarrista.” Esa actividad de intoxicación de la opinión pública comenzó el jueves con una visita de Ibarra a un centro de jubilados, cuyos responsables agradecieron con ingenua sinceridad los subsidios de recibieron de su gobierno. El jefede gabinete Raúl Fernández reconoció ayer a este diario que se llegó a esta situación porque confundieron participación en el aparato del Estado con construcción política. Hoy intentarán confundir el uso clientelista de tal aparato con clamor popular.
En una nota sobre Cromañón, a un mes del incendio, destaqué la trayectoria de Ibarra. Como fiscal se opuso a los decretos de indulto e integró la comisión del Ministerio Público para los casos de chicos apropiados durante la dictadura, como legislador promovió la creación de un Parque de la Memoria y desde el gobierno de la Ciudad apoyó la creación de un museo en el predio donde aún funcionaba la ESMA. También lo contrasté con su principal impugnador, el hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri, representante de la clase empresarial sustento de la dictadura militar y, ya volcado a la política, promotor de las reformas represivas al Código de Convivencia Urbana, que niegan el uso del espacio público a piqueter@s y vendedore@s ambulantes. Ibarra fue de lo mejor y Macri de lo peor. Pero lo que está en juego no es el pasado de cada uno ni el futuro electoral sino las responsabilidades actuales por un episodio siniestro, de una magnitud sin precedentes en el país, en el que murieron casi doscientos jóvenes, en un local donde el gobierno porteño omitió su deber de control pese a todas las advertencias recibidas, porque los boliches formaban parte de la caja política que manejaban funcionarios de la intimidad de Ibarra. No es sensato dejarse sumar en forma acrítica a la degradación del progresismo porteño y los organismos de derechos humanos han tenido la cautela de no hacerlo, con apenas un par de excepciones.
Mis únicas referencias anteriores a lo que la carta llama “personas de los organismos” fueron una polémica político-ideológica en 2001 cuando Hebe de Bonafini festejó el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, y el relato periodístico de la crisis en la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires en 2003 y sus secuelas hasta hoy. Reproducía fragmentos de una carta del integrante de la Comisión, Carlos Sánchez Viamonte, a su entonces presidenta Estela Carlotto. Según escribió Sánchez Viamonte, desde que Carlotto acordó el nombramiento de su hijo en el gabinete de Solá, pasó a opinar que “sólo debíamos ocuparnos del pasado. De ningún modo denunciar el incremento de las torturas en dependencias policiales” ni en las cárceles. La Comisión no aceptó desentenderse de las violaciones a los derechos humanos presentes y Estela Carlotto renunció. Luego, Remo Carlotto obtuvo el cupo de hijo en la lista bonaerense del Frente para la Victoria para la Cámara de Diputados.
La discusión impostergable es sobre el vínculo entre organizaciones autónomas de la sociedad civil y el Estado, suscitada por el arribo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma y de la Nación de autoridades que comparten en distinto grado las reivindicaciones históricas de los organismos. Bienvenida sea esta coincidencia, siempre que se mantengan las debidas distancias, no se confundan los papeles de cada uno, no se incurra en las prácticas que siempre se han cuestionado cuando las ejercían otros y se conserve la posición crítica respecto de las violaciones a derechos básicos que se siguen cometiendo hoy en esas jurisdicciones, distintas a las del pasado pero que requieren respuesta de los organismos de derechos humanos. Las leyes de impunidad ya han sido anuladas, los juicios contra los asesinos de la dictadura están en marcha y ni siquiera la Iglesia se anima hoy a defenderlos más que en forma solapada. La conciencia social sobre aquellos años es mayor que nunca antes. El vínculo de los organismos de derechos humanos con la sociedad se prueba hoy en otros terrenos: la violencia institucional, que en las cárceles bonaerenses llega a niveles de escándalo; la negación en todo el país de los derechos económicos, sociales y culturales; la necesidad de reformas que fortalezcan una justicia democrática; la defensa de la vida, la integridad física y la libertad que los jóvenes arriesgan cada vez quesalen a la calle, ya sea por razones laborales, de esparcimiento, en procura de un trabajo digno o de protesta colectiva. Siempre que se trata de derechos humanos de un lado están las personas, que padecen su violación y luchan por su reconocimiento, y del otro el Estado, por acción u omisión de un guardiacárcel, un policía, un juez o un gobernante. En ese contexto, la utilización política del empleo público, el contrato y el subsidio que intenta el gobierno de la Ciudad corrompen y desvirtúan los roles de cada uno. Nada tiene de ofensivo plantearlo para que se discuta. La actuación pública de los organismos los hace pasibles de escrutinio, análisis y crítica. No pueden oponer a ello sus méritos históricos, ganados en confrontación y no en promiscuidad con el poder. También es legítimo que sus integrantes ocupen a título individual cargos públicos, pero a partir de allí se convierten en funcionarios, que no pueden invocar la persecución pasada para negarse a rendir cuentas sobre su desempeño, ni acudir al organismo de origen para que los escude de la crítica. Los políticos de cualquier orientación siempre están dispuestos a aprovechar todo aquello que les convenga, y las organizaciones de la sociedad civil deben estar alertas para no ser utilizadas en un juego que no es el propio. Estas son las únicas razones, para nada ocultas, de la respetuosa objeción a determinadas conductas que a mi juicio son propias del negocio político y no de la construcción de una democracia con derechos y obligaciones iguales para todos y sin prerrogativas inconfesables.
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