Un guion para Artkino

Por Daniel Link para Perfil

Un intendente dice que si Cristina es candidata, él la va a apoyar. Un intelectual decide que si la Sra. Fernández es candidata él no va a apoyarla. En Brasilia, allanan el despacho de Aécio Neves, quien fue filmado pidiendo un soborno, igual que el presidente Michel Temer, que fue grabado en las mismas circunstancias. El índice Merval cae un 4 % el dólar supera los 16 pesos argentinos de cotización.

En Washington, designan a un fiscal especial para que investigue al actual presidente, Sr. Trump, por su pedido al entonces director del FBI que no investigara las sospechosas conexiones de su ex consejero de seguridad nacional con el gobierno ruso. En Wall Street, el índice Dow Jones se hundió y el dólar se devaluó en relación con el yen y el franco suizo.

Como en el Brexit, en las elecciones de los Estados Unidos, también la inteligencia rusa intervino en la reciente elección en Francia, presuntamente a través de agencias informativas o de empresas de alta tecnología (la agencia noticiosa "Sputnik" y la empresa "Eureka", muy cercana al Ministerio de Defensa). A diferencia de lo que había sucedido con el Comité Nacional del Partido Demócrata, los franceses consiguieron confundir a la Inteligencia rusa, desbaratar el plan y exponer el software ruso utilizado.

En China, el gobierno argentino vuelve a promocionar por tercera vez consecutiva convenios multimillonarios, mientras sigue con preocupación la crisis en Brasil y la tensión en Washington. En Palermo, un guionista se pone a escribir. 

Anticipo

Marianella regalada

Rosencrantz y Guildenstern han muerto

por Daniel Link para Perfil

Ahora vendrán los “te lo dije”, las sonrisas sarcásticas, el saber retrospectivo. Ahora vendrán los “hay independencia de poderes”, “qué barbaridad”, “no acordamos, pero respetamos”, los “en 2013 pasó lo mismo y nadie dijo nada”. Ahora, la Sra. Fernández encontrará razones para sustraerse a la escolástica oxoniana, que había que prever hostil a todas y cada una de sus causas (penales): “hechos de suma gravedad requieren mi presencia” adujo como excusa para cancelar esa etapa de su viaje (pero no las previas).

Ahora deberemos suspender las clases, no porque la paritaria universitaria esté paralizada sino porque habrá que concurrir a las plazas, las cabezas cubiertas con pañuelos blancos, cada vez que nos lo pidan, porque sabemos que estamos en peligro.

En un instante, cualquier intento para comprender lo que de todos modos era incomprensible (la insensibilidad con la que se manejan las variables macroeconómicas; la tolerancia con la que se maneja un juego inflacionario que ni los refugiados sirios toleran sin escándalo; el endeudamiento enloquecido, como si no hubiera mañana) trastabilla en un charco de plomo derretido.

Un gobierno de derecha lo es porque sus políticas lo son. Podría maquillarse, mal que mal, el muñeco liberal para que parezca un payasito inofensivo: “no hay plata”, “productividad”, “pesada herencia”, “háganse cargo”, “ya vendrán las inversiones”, “crecemos lentamente”. Uno podría analizar cada una de esas excusas del gobierno e incluso aceptar a regañadientes la verdad de algunas de ellas aunque fuera para conciliar el sueño y no sentirse de nuevo al borde del abismo (del dinero basura, de la cesación de pagos, de la desesperanza educativa, del sálvese quién pueda).

Pero en relación con las penas a los apropiadores de niños, a los torturadores, a los que colaboraron en llevar a cabo las enloquecidas fantasías de exterminio que constituyen el capítulo más sombrío de la historia argentina, y que la Suprema Corte decidió amablemente acortar aplicando una ley transitoria y de emergencia que ya fue derogada, no hay buena voluntad ni explicación posible.

Fue este gobierno el que insistió en incorporar al número de los supremos a dos jueces (burlando todo procedimiento legal fijado a tal efecto), el Sr. Rosenkrantz y el Sr. Rosatti, quienes sumados a la Sra. de Nolasco (que permanece en la Corte también por voluntad política de este gobierno) consideraron que conforme al principio in dubio pro reo les correspondería el cómputo de la pena de la ley 24.390 (2x1) a los todos los juicios penales, incluidos los correspondientes a delitos de lesa humanidad.

Los tres jueces fundaron su asonada en la misericordia y el humanitarismo e incluso uno de ellos abrió la ventana a la interpretación trágica al señalar que “de lo contrario se correría el riesgo de recorrer el mismo camino de declive moral que se transitó en el pasado”.

El “declive moral” no es una noción ajustable a derecho ni a criterio de verdad científica. Su tratamiento ni siquiera es asunto de clérigos sino de poetas, filósofos y dramaturgos.

En Hamlet, la tragedia de Shakespeare, Rosencrantz y Guildenstern son dos informantes pagos por el gobierno para espiar a sus amigos de la Universidad y para adular al Rey Claudio. Su deshonestidad corre pareja con su incompetencia y a Hamlet, el que duda de todo, no le tiembla la mano cuando decide mandar a matarlos.

En la escena final del acto V, en medio de una orgía de muertes encadenadas, un embajador británico dice “Rosencrantz y Guildenstern han muerto”.

Lo mismo podría decirse de los personajes secundarios Rosenkrantz, Rosatti y Nolasco quienes, creyendo adular al poder, lo hunden todavía más en el callejón sin salida de lo trágico, al matar una idea de justicia que era tal vez lo único capaz de sostener a los argentinos como comunidad en el mundo.

Ayer fue Edipo (el enfrentamiento del padre y del hijo: Correos Argentinos), hoy es la truculencia isabelina de Hamlet. Alguien debería advertirle al más desapasionado gobierno del que se tenga memoria que la tragedia no es un formato que le convenga. Rodea al soberano de demasiada muerte.

¡Otra denuncia estremecedora!

Demi Moore va a juicio por la muerte de un joven en su pileta

Mejor, así no nos olvidamos de tus hotelitos...

Cristina Kirchner, ante eurodiputados: "No me van a hacer callar así armen 80 causas"

La corte no lo hizo

por Roberto Gargarella para Anfibia

La decisión tomada por la Corte en Bignone, en torno al “caso Muiña,” y en relación con la llamada “ley del 2 x 1” amerita consideraciones de todo tipo, pero aquí voy a limitarme a tres cuestiones solamente: una, en torno a la política de la nueva Corte; otra referida a la sociología del fallo; y una tercera relacionada con los aspectos jurídicos del voto mayoritario.

La política del caso: la nueva agenda de la Corte. Antes de adentrarme en los contenidos del fallo, señalaría lo siguiente: resulta difícil de comprender y aceptar la agenda de casos que viene construyendo la Corte, en su nueva composición. Es claro que esta Corte, como cualquier otra, escoge y decide sobre los casos que quiere tratar, en el momento en que quiere hacerlo, y del modo en que quiere hacerlo. Entiendo que, en lo que hace al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, en nuestro país, se habían cometido algunas injusticias procesales indebidas –algunas de ellas ya atendidas, sin mayor polémica, por esta misma Corte, como la negación de la prisión domiciliaria a los condenados por crímenes de lesa humanidad en condiciones de recibirla. Tenía sentido, si se quiere, en esta nueva etapa política, enviar la señal de que iba a evitarse el riesgo de una “justicia sesgada” o “de un solo ojo.” Tenía sentido, si se quiere, señalar que aún los conciudadanos que habían cometido las peores atrocidades iban a ser tratados con el máximo cuidado y respeto. Sin embargo, el hecho es que cuando uno mira hacia atrás y piensa sobre los primeros meses de la Corte, en su nueva composición, se encuentra ya con toda una serie de fallos (que incluyen, por ejemplo, y junto a Bignone, a otros como Villamil, Fontevecchia, o Alespeitti) que insisten sobre la necesidad de reparar ciertas injusticias en materia de derechos humanos y juzgamiento del pasado, a la vez que descuidan la catarata de injusticias sociales que acucian a millones de nuestros conciudadanos, muchas de las cuales ya han golpeado las puertas de la Corte. Siempre, pero muy en particular en contextos de grave injusticia social, y luego de un largo período de violación de derechos, se impone que la Corte asuma un papel más presente en la cuidadosa reconstrucción del tejido de libertad e igualdad constitucional hoy destruido. Dicha reconstrucción requiere, sobre todo, de un extremo esfuerzo por volver a colocar a toda la ciudadanía en un mismo piso de “igual consideración y respeto”. Ello exige, de parte de los tres poderes principales del Estado, una tarea cooperativa, especialmente destinada a rescatar a la mayoría de nuestros conciudadanos –millones de ellos- de la situación de miseria y dolor que padecen. Por lo dicho, la “nueva” agenda de la Corte resulta preocupante (y para algunos, además, decepcionante): son demasiados los casos urgentes de injusticia social que claman atención en la Corte, y respecto de los cuales la Corte no se pronuncia o da su espalda. Ello, en el mismo momento en que el máximo tribunal escoge, de entre los casos en que su atención ha sido requerida, y que tiene desplegados sobre su mesa, algunos de los casos más polémicos, más divisivos socialmente, y menos oportunos. Para que quede claro lo que digo: no se trata de no mirar ciertas injusticias, o de mirar sólo algunas. Se trata de que estamos frente a un tribunal que escoge pronunciarse en pocos casos, y que vuelve a hablar (insistentemente, agregaría) sobre ciertos temas particularmente controvertidos, y sobre los que ya se ha pronunciado, en desmedro de otras urgencias sociales a las que aparece desatendiendo, de modo sistemático.

La sociología del fallo: la forja del consenso. En su mejor versión, lo que han hecho los jueces de la mayoría es tratar de dar una respuesta a un tema difícil y postergado, relativo a las garantías procesales fijadas por nuestro derecho, y que alcanzan a los criminales de lesa humanidad. Se trata, insisto, de garantías procesales vinculadas con los derechos de algunos de los miembros más repudiados por la comunidad (y alguien podría decir entonces, con razón: las garantías están para eso, esto es decir, para resguardar aún a nuestros “peores enemigos”). Ahora bien, justamente por tratarse de un caso que involucra a uno de los hechos más atroces de la historia argentina –los crímenes cometidos por el Proceso militar- y frente al cual la sociedad argentina se muestra aún híper-sensibilizada, es que el tratamiento del mismo requería de parte de los jueces el cuidado más extremo.
El extremo cuidado exigido requería, entre muchas otras cosas, un esfuerzo destinado a persuadir a la sociedad acerca del valor y la necesidad de lo que se estaba haciendo –por ejemplo, un esfuerzo destinado a persuadirla acerca de la importancia de asegurarle aún a los “peores enemigos” un trato lo más justo posible, o acerca de la urgencia de corregir ciertos errores previos. Sin embargo, el hecho de que el fallo de la Corte no fuera unánime, como solían serlo los fallos de la Corte en casos de máxima relevancia institucional, revela un descuido o desinterés inaceptables, en relación con la envergadura del caso que tenían frente a sí. Que la votación dentro de la Corte fuera tan dividida (3 contra 2), y que los votos se hayan ordenado del modo en que lo hicieron, sugiere, no tanto la presencia de cambios en las mayorías de la Corte, sino el privilegio que han dado sus miembros a ciertas rencillas o celos internos (alguno que quiere imponer su tema de agenda; algún otro que ha tenido como primera opción la de dejar mal situados al resto; etc.) en desmedro del cumplimiento del deber institucional que tenían: contribuir a re-orientar o solidificar la conversación colectiva sobre temas públicos cruciales, sobre los que estamos lejos de tener un acuerdo pleno.

  

Los aspectos jurídicos del voto mayoritario: la técnica interpretativa utilizada. Quisiera detenerme brevemente, a continuación, en una crítica a la decisión de la mayoría de la Corte, en base a razones (no políticas, ni sociales, sino) directamente jurídicas. Pero antes de emprender dicha crítica a la decisión tomada por el tribunal, quisiera dejar en claro una crítica dirigida a la mayoría de quienes se le oponen. Según entiendo, en su mejor versión –que la tiene- el fallo quiere reivindicar ciertos compromisos liberales propios de la mejor tradición del derecho argentino, y que nos urgen a prestar atención al tratamiento que le damos a las personas que más enojo o irritación nos generan. Ello, en particular, frente a la convicción de que, por ejemplo, no es justo mantener encerrado sin condena durante más de 10 años a nadie, se trate de la peor persona de la humanidad, o se trate de un culpable por crímenes de “lesa humanidad”. Ninguna norma internacional, ningún tratado de derechos humanos acepta una barbaridad semejante, y sin embargo convivimos con ella: cerramos los ojos, y preferimos no escuchar ni leer argumentaciones sobre el tema, porque nos resultan incómodas. Se advierte este tipo de críticas en el testimonio de algunos juristas liberales, que sin duda han inspirado a los firmantes de este fallo (puede leerse una buena versión de esta postura, por ejemplo, en el testimonio de Jaime Malamud Gotti, protagonista del diseño del “juicio a las juntas” original, acá).
Dicho esto, mi problema “técnico” con el fallo, es que no deben utilizarse rebuscados subterfugios jurídicos, para garantizar los derechos de nadie. Y la (pequeña) mayoría de la Corte, que además se jacta de la importancia de construir social y colectivamente sus decisiones, recurre a tales subterfugios, y termina imponiendo su ajustadísima versión del derecho, en lugar de sostener su
decisión en base a un acuerdo sólido y básicamente indisputable. 

La disputa principal que genera el caso surge en torno a cómo entender el art. 2 del Código Penal, que reza lo siguiente: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”. Y la pregunta es si el beneficio que prevé el artículo alcanza a los criminales de “lesa humanidad” que invoquen la aplicación de una ley (la 24.390), que fue aprobada en 1994 y derogada pocos años después, en mayo del 2001. Esa ley (la del “2 x 1”) procuró atender al reclamo de los presos (comunes) sin condena firme, y determinó que el tiempo de prisión preventiva sin condena firme contara doble: cada día de prisión preventiva representaría entonces dos días de prisión (o uno de reclusión). Al respecto, es un problema es que el criminal, en este caso Muiña, alegue dicha ley como “ley más benigna” que debe aplicársele, cuando él cometió sus crímenes mucho antes de que la ley del “2 x 1” apareciera (el cometió sus crímenes en 1976), a la vez que su pena le fue impuesta mucho después de que la ley en cuestión fuera derogada (Muiña fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal en 2011, y su sentencia quedó firme en agosto del 2013). 

El tema tiene, por lo demás, varias complicaciones adicionales, y aquí no puedo referirme a todas ellas, por lo que sólo mencionaré a unas pocas (complicaciones que tornan al fallo inoportuno, mal construido y equivocado, pero no arbitrario). Por un lado, está la cuestión de que el citado artículo del Código Penal considera también como “ley más benigna” a las leyes vigentes en el “tiempo intermedio”, lo que genera la pregunta de si esta ley del “2 x 1,” que nació después de que Muiña cometió sus crímenes, y murió antes de que él fuera detenido y condenado, califica como “ley intermedia.” Para la Corte, a partir de una lectura –desde mi punto de vista- torpemente literalista, la respuesta es positiva, como lo es también para buena parte de la doctrina penal, que está metida en este embrollo del que no sabe cómo salir (a la doctrina tradicional le encantan esos embrollos verbales, porque lucra con sus argucias técnicas). En mi opinión, no es aceptable una lectura literal-boba como la que se propone, cuando el cómputo de la pena que se le hizo a Muiña tuvo lugar en un momento en que ya no regía dicha ley (la del “2 x 1”), siendo además que la prisión preventiva que él padeció no ocurrió antes o durante el tiempo en que dicha ley estuvo vigente (ello, más allá del hecho de que, en razón de las leyes de perdón vigentes durante el tiempo en que rigió la ley del “2 x 1,” Muiña no pudo ser sometido en esos años a un régimen de prisión preventiva como el que la ley 24.390 quiso reparar).
Como sostuve en otro lugar la norma del Código Penal sobre ley más benigna se entiende cuando la invoca alguien que llevó adelante una conducta que en el momento en que la cometió no era considerada como falta; y se entiende cuando alguien cometió una falta (considerada tal), relacionada con una conducta que luego la comunidad pasó a considerar irreprochable o perfectamente ajustada a derecho; como se entiende si alguien obtiene un beneficio sobre su detención o condena, que al poco de concedérsele se le anula (así, en el “tiempo intermedio” al que refiere el Código). Todos esos casos, amparados por el art. 2 del Código, son perfectamente comprensibles y razonables en una sociedad decente, que quiere regirse por principios liberales en materia penal, y que quiere tratar a todos sus miembros como iguales. Pero resulta irrazonable e incomprensible que, en esa misma sociedad, alguien invoque una norma que no regía cuando cometió la falta; no regía cuando fue detenido; no regía cuando fue procesado; no regía cuando fue condenado; pero rigió en unos años en donde él nunca pudo re-orientar sus actos en razón de ella, ni nunca pudo tener la expectativa razonable de que se le aplicara. ¿Con qué cara esa persona podría mirarnos a los ojos y decirnos que lo estamos tratando injustamente, cuando él actuó en relación con otras normas, y fue detenido, procesado y condenado en tiempos en donde la norma que invoca ya no formaba parte del derecho, ni –en los hechos- pudo habérsele jamás aplicado?
De todos modos, las complicaciones siguen, aunque no afecten, según entiendo, una postura como la que aquí defiendo, pero sí a posturas como las que sostienen muchos defensores de los derechos humanos acostumbrados a hacer un uso estratégico –y en mi opinión indebido o manipulativo, del derecho (que no son todos, pero sí algunos muy influyentes). Y es que, en nombre de la justa causa de los derechos humanos, ha habido en estas últimas décadas mucho “tironeo” y forzamiento de los sentidos del derecho, para comprometerlo con ficciones muy difíciles de sostener con argumentos. Se ha dicho en estos años que los crímenes de lesa humanidad “merecen un tratamiento distinto de todos los demás crímenes, porque horrorizan a la conciencia de la humanidad”, como si una violación o un abuso de menores no provocaran lo mismo, sin recibir el mismo tratamiento. Se ha dicho que los crímenes comunes y los crímenes de lesa humanidad no pueden ser homologados, escondiendo que, en lo que hace al respeto de garantías procesales elementales (insisto: no tortura; juicio justo; derecho a ser escuchados; etc.) sí son y deben ser homologados. Se ha dicho también que estamos hablando de “crímenes que pueden ser condenados aún sin ley previa, porque afectaban al derecho de gentes”, aludiendo de ese modo a un derecho que no está escrito en ningún lado, y que nadie sabe bien de qué se trata, salvo quien lo va aplicando. Se dijo también que “se trata de crímenes “permanentes” que se siguen cometiendo cada día que pasa”, como modo de justificar la imprescriptibilidad que se reconoce para todos los demás casos; etc. Muchas de tales ficciones deben ser justificadas de modo diferente y mucho más sólido -es necesario, y es posible hacerlo, en muchos casos (necesitamos dejar de camuflar con argumentos técnicos nuestras preferencias políticas). Ello así, por principios básicos de igualdad y justicia. Pero también, porque no queremos que pase lo que pasa hoy, que muchos se encuentran con que las ficciones que han alegado pasan a jugar en contra de los criterios que quieren mantener. Por ejemplo, los que sostuvieron en todo este tiempo que hablábamos en estos casos de “delitos permanentes que siempre se estaban cometiendo” –una ficción difícil de sostener- se encuentran hoy con que esa ficción que echaron a rodar los pone en problemas, porque si es así, alguien como Muiña sí puede sostener que sí tuvo la expectativa razonable de ser alcanzado por la ley del “2 x 1”: en ese caso, él, entre el 1994 y el 2001, “todavía estaba cometiendo” el crimen por el que luego sería condenado.
En definitiva, tal vez sea esta una buena oportunidad para volver a plantar el derecho (y en particular el derecho de los derechos humanos) sobre bases sólidas, sin ficciones ni engaños mutuos, y a partir de razones de igualdad y justicia que nunca debemos dejar de mirar de frente. La Corte pudo habernos ayudado en esa tarea -muy en particular enfrentada a casos como el que acaba de resolver- pero no lo ha hecho, aunque está obligada a hacerlo. 

 

 

La decisión tomada por la Corte en Bignone, en torno al “caso Muiña,” y en relación con la llamada “ley del 2 x 1”  amerita consideraciones de todo tipo, pero aquí voy a limitarme a tres cuestiones solamente: una, en torno a la política de la nueva Corte; otra referida a la sociología del fallo; y una tercera relacionada con los aspectos jurídicos del voto mayoritario. - See more at: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-corte-no-lo-hizo/#sthash.jzF3NxQE.dpuf

¡Norma / Norman Bertossi: a comeeeeeer, que el puré se enfría!

 

Alguien que me aguanta....

La zona gris

por Daniel Link para Soy*

... Pero si la noción (y forma de vida) “transracial” puede interesarnos es porque muestra un malestar que hoy ya casi no puede sostenerse en relación con la noción (y forma de vida) “transexual”, no tanto por imposibilidad histórica (eso ya no se piensa) sino por interdicto de discurso (eso no puede decirse porque hay quienes controlan los efectos del odio y de la intolerancia). Pero basta que apliquemos una mera permutación categorial, para que el trascendentalismo, el odio y la intolerancia se revelen con toda su fuerza bestial y reaccionaria: quien dice inscribirse en relación con un nombre (racial, genérico, nacionalitario o el que fuere) que “no le corresponde” miente, estafa, plagia, distorsiona. Hay una verdad que escapa a la soberanía sobre la propia vida. Los lugares sociales (mujer, obrero, negra, campesina, india, blanco), se nos dice, vienen dados. 



*Fe de erratas: donde se lee "interdicto de discurso" debe decir "imposibilidad histórica", y viceversa.

El efecto mariposa

Por Daniel Link para Perfil

Le escribe su amigo cordobés, que ha estado mudándose a la punta de la montaña, lejos del campus donde trabaja. Le dice que está gordo y barbudo, buscando a su tercer hijo en medio del bosque. Piensa que va a contestarle que deplora las dos primeras circunstancias, pero seguramente las anotó porque son el índice de su felicidad.

Le escribe, su amigo, para reportarse vivo desde su retiro y para felicitarlo por las novedades familiares. Cada uno, le dice, a la distancia, forma parte del cotidiano del otro. Agrega unas pinceladas de color local: tiene una familia de cuatro osos viviendo en el bosque de la propiedad (además de coyotes, pavos salvajes y los ya molestos ciervos). Le cuenta, de paso, que en dos semanas recibirá a Cecilia, Marta y Verónica, líderes del movimiento “Ni una menos”. Le dice que esa visita fue consecuencia de una columna suya en Perfil, la que salió publicada el 21 de enero de 2017 precisamente con el título “Ni una menos”. Entre aquella columna y ésta, él ha visto otra serie, Broadchurch, que en su tercera temporada le dio respuesta a su reclamo de entonces: ¿cuál es el punto de vista del violador? Al final de Broadchurch el violador serial es atrapado y dice: “no eran vírgenes”, “fue divertido”, “la sensación de poder”, “usé condón”, todo con una sonrisa, como si no entendiera por qué tanto escándalo.

Pero no es eso lo que le contesta a su amigo cordobés, ahora gordo y barbudo, sino que le reprocha al amparo del “efecto mariposa” la invitación a esas tres amigas suyas porque una de ellas canceló la participación en un panel que él organizaba y otra abandona a la mitad un curso que él deberá cubrir para que ella pueda viajar a Darmouth. Por un momento piensa decirle “¡Que se vayan todas!”, pero elude el sarcasmo y elige una formulación que no lo aleje tanto de la causa común: “Ni una más”, y se promete medir, en el futuro, sus aleteos de mariposón. 

Cierto que había empezado la Feria

Imágenes y cuerpos

 

El mundo y la globalización

Por Daniel Link para Perfil

En su reciente visita a Buenos Aires invitada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Susan Buck-Morss, una de las más importantes pensadoras del presente, subrayó cada vez que pudo que el nacionalismo conceptual hace invisibles los efectos neo-imperialistas de la economía global. La situación histórica de los pueblos organizados en Estados nacionales depende de la posición de esos Estados nacionales dentro de un campo económico mundial común. Hay un dilema entre la dependencia económica global y la dependencia política nacional, que marca el tono y el ritmo del siglo XXI.

El Brexit, promovido por la derecha británica, aparta al Reino Unido de las políticas de integración global. Perjudicará, sobre todo, a migrantes y trabajadores precarios. En Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump está marcado por una vuelta al nacionalismo más cerril (que el propio Trump no puede sostener, porque es una marca global, pero del que se aprovechó electoralmente). Ahora, en Francia, se enfrentarán en ballotage las fuerzas de la extrema derecha nacionalista y un proyecto de centro izquierda que apuesta a la globalización.

El significado de las palabras ha cambiado sensiblemente en los últimos veinte años. Si el fin de siglo se apresuró a condenar la globalización capitalista como fuente de todos los males, hoy parece que la única condición para sostener determinadas ideas de ciudadanía mundial (lo que incluye los derechos de migrantes y de asilados) es... la globalización.

Tal vez haya que cambiar las palabras y reservar la antigua “globalización” para el movimiento de capitales y la internacionalización de las formas de explotación y postular una idea de mundo como necesaria premisa para la emancipación de los pueblos y la producción de condiciones aceptables de vida.

La globalización fue (y seguirá siendo) una gigantesca fábrica de infelicidad. La mundialización es un derecho y una esperanza.

Pedro y el lobo

Por Daniel Link para Perfil

La política argentina se ha entregado a lo predictivo. Las manifestaciones de protesta ya no toman como referencia a tal o cual decisión soberana (que implique la vulneración de un derecho o el acrecentamiento de las desigualdades sociales) sino la mera posibilidad de que algo pudiera suceder en esa dirección. Preventivamente, se sale a la calle, se firman petitorios y se envían mensajes de whatsapp.

Como en Argentina todo lo malo que imaginar se pueda termina sucediendo, no hay nada censurable en el escándalo previo o en la manifestación contra un futuro hipotético (estamos en contra de 1984). Pero tal vez se trate de alharacas que terminen debilitando la estrategia de resistencia al poder de la derecha en el poder.

Si la ciudadanía se manifiesta en relación con una predicción (“el segundo paso será quitar el impuesto a los cableoperadores, o sea transferir esos recursos a las multinacionales. Si eso sucede...”), en efecto, la predicción no cumplida termina por socavar los fundamentos mismos de la protesta.

Mejor es manifestarse en relación con lo concreto: el desmedido aumento de tarifas que afectan a los servicios públicos, el desprecio por la situación que atraviesan vastos sectores laborales como el de los docentes de todos los niveles del sistemas educativo público, la demora en instrumentar la llamada Reparación Histórica y el laberíntico burocrático que supone acceder a ese presunto beneficio, el nombramiento de amigos y entenados en puestos claves de poder (que es lo que parece haber sucedido en el INCAA, y no otra cosa).

Sin un diagnóstico certero de lo que sucede en tal o cual organismo, es complicado tomar una decisión (a favor o en contra de las medidas cuyo sentido se supone). En el INCAA le pidieron la renuncia a su director, que había sido propuesto por los lobistas de la industria cinematográfica. Legítimamente, el Estado consideró que la dirección o la velocidad o la imaginación que imponía a sus funciones no eran las que de él se esperaban. O sea: se prefiere en ese lugar a un amigo que cumpla a rajatabla las indicaciones que se le suministren. ¿Incluirán esas indicaciones la afectación de las fuentes de financiamiento del INCAA? Naturalmente no, porque esa decisión no es competencia del director de ese organismo, como no es competencia del director académico del ENERC (y así lo subrayó en su carta de renuncia a su cargo el Sr. Rovito) intervenir en los procesos de contratación de proveedores para refacciones edilicias y adquisición de equipos.

Salir a gritar que el lobo viene de aquel lado es un error estratégico porque pone a todos a mirar en una dirección equivocada. En verdad, el lobo ya está entre nosotros, disfrazando su interés empresarial por el ocio y sus derivados con la máscara del amigo de las artes, las salas de teatro, los libros y los museos.

Pre-presentación de La lectura: una vida...

La mentira tiene patas cortas

Que Bruno Mars devuelva la plata y que Eugenia Link se case de nuevo.

Recuerdos de un provinciano (María Moreno dixit)

Proyecto museos

Autofinanciación para los museos nacionales

 

Ahora, que se arregle cada uno como pueda*

 

En consonancia con los temores de recorte presupuestario que despierta la crisis institucional del Incaa, el Ministerio de Cultura de la Nación dio a conocer el miércoles el nuevo modo operativo para estas instituciones: la autofinanciación.

 

*Esto, con DB no hubiera sucedido

Eco y Narciso

Por Daniel Link para Perfil

Mira la imagen con asombro y una emoción creciente. Decide abrirla en la computadora porque en el teléfono no distingue demasiado. Ahora sí: ahí está. Mira con más atención (la imagen es borrosa y está atravesada por destellos de tecnología) y se indigna un poco cuando se da cuenta de que está sacando la lengua. ¿Quién se cree que es? ¿Por qué se burla de ese modo de la natural curiosidad que lo arrastra?

Discute la imagen con otros observadores: no hay dudas, se está burlando de todos, como si pensara: “esperen tranquilos, y vayan durmiendo bien, que ya voy a llegar para impedirlo”.

¿Qué más estará pensando, qué sueños tendrá, qué música le gusta? Le han dicho que se mueve mucho, que se estira y mueve las piernas con impaciencia, aún en esa posición tan cómoda que ha asumido en la imagen. Él todavía no puede decidir nada a partir de una fotografía tan poco clara, y rememora para si la historia de esa técnica, que siempre estuvo poblada de fantasmas. Después, cuando hablen, cuando todo se resuelva en el registro del lenguaje, del fantasma sólo quedará un esquema general.

Por eso se aferra a esa fotografía que anuncia una llegada: ese porvenir que ve en la foto participa todavía de lo fantasmático, y ese anuncio, esa inminencia, empieza a acortar el tiempo y la espera comienza a poblarse de imágenes (como las de Juan de Patmos en el Apocalipsis, pero totalmente despojadas de angustia y de terror): los tronos, las trompetas, los jinetes, los ángeles, que tal vez iluminen el cuarto que le destinarán cuando aparezca.

Se deja arrastrar por la especulación: ¿De qué conversarán? ¿Qué cuentos les gustarán? ¿Habrá cosas que nunca se dirán, por pudor o por miedo? ¿Le gustarán las estrellas tanto como a él? No sabe nada y no saber nada lo llena de una rara felicidad: todo está por verse, salvo esto: de pronto ha alcanzado, al revés que en la paradoja de Aquiles y la tortuga, su propio futuro. De pronto alguien le tiende una mano, una manito con todos sus dedos, y lo saca de sus rutinas, del agobio de una sociedad en la que cada vez se siente menos cómodo y de unas relaciones de poder que cada vez más lo asfixian.

Eso, piensa, es la esperanza, y eso es todo lo que se deja leer en una ecografía (la impresión fotográfica en papel del eco de ondas electromagnéticas o acústicas enviadas hacia el lugar que se examina). Despojado de todo narcisismo, piensa en si mismo y ya se sabe otro.

Para Ricardo...