07 de
julio de 2018
Sra.
Christine Lagarde
Directora
Gerente
Fondo
Monetario Internacional
Washington,
D.C. 20431
EE.UU.
Sra. Lagarde:
El
día 20 de junio del corriente año, el Directorio del FMI dio por
aprobado el acuerdo stand by con la República Argentina.
Pocos días antes, se había dado a conocer la Carta de Intención
fechada el día 13 de junio y firmada por dos funcionarios del Poder
Ejecutivo, uno de los cuales, presidente del BCRA, fue relevado de su
función y el otro ascendido al cargo de Ministro Coordinador.
El
propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es
rechazado por la enorme mayoría de la sociedad argentinai,
la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria
y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del
país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este
acuerdo. El propio Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri,
tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se
comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo ni a
firmar un acuerdo con el FMIii,iii.
Lo mismo hicieron todos los ministros del área económicaiv.
Comprenderá Usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo
inconsulta sino que además configura una clara violación de los
compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad que lleva
en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de
nuestra historiav.
Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del
acuerdo.
Debemos
también poner en conocimiento del FMI que en vistas de esta
situación, se le exigió públicamente al Gobierno desde múltiples
sectores que el Acuerdo, los montos del empréstito, los términos y
condiciones aceptadas fueran sometidas a la discusión y aprobación
del Parlamento. Es que según el artículo 75 de nuestra la
Constitución Nacional “corresponde al Congreso contraer
empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la
deuda interior y exterior de la Nación”. El Presidente, sin
embargo, basándose en ciertas interpretaciones legales, desoyó este
reclamo y se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo
rechazaría. Tampoco accedió a aplicar otros mecanismos
participativos como la consulta popular o referéndum frente a una
decisión de vital trascendencia para el futuro de nuestro país.
También
queremos trasmitir fuertes objeciones con respecto al uso que hará
el gobierno de los créditos concedidos. La aplicación de los fondos
en estos días contradice claramente no sólo la búsqueda del
desarrollo humano integral en la Argentina sino los preceptos y
objetivos del FMI. Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional
por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri
y no una imposición del organismo que Usted preside, consideramos
que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y el
Directorio de su coresponsabilidad en el desfalco que se realiza con
fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos
privilegiados y de las desastrosas consecuencias sociales que traerá
este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos.
Basta
para comprenderlo un ejemplo: diariamente se están rifando entre 100
y 150 millones de dólares del empréstito mediante el cuestionable
mecanismo de subasta al que sólo acceden empresas financieras
cartelizadas que compran dólares baratos para aumentar su
rentabilidad. Los antecedentes de esta conducta son notorios y no
debieron pasar desapercibidos al Organismo. Desde que asumió el
Presidente Macri, en 32 meses, la deuda pública aumentó en términos
netos en más de USD 80.000 millones, a través de la colocación de
emisiones equivalentes a más de USD 224.000 millones, de los cuales
USD 140.400 millones fueron en moneda extranjera con privados. El
peso de la deuda sobre el PIB de Argentina pasó del 41% en 2015 a
representar el 69,8%, según reconoció el Secretario de Finanzas
ante el Congreso de la Nación el pasado 2 de julio. Es decir,
pusieron al país en una situación de alto riesgo, según sostiene
el propio FMI al evaluar los márgenes prudentes para esta relación.
De este modo, bajo la presidencia de Macri, el país ha sido el que
más deuda ha emitido en el mundo. Y es el gobierno que más títulos
emitió en nuestra historia.
Estos
volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el
desarrollo nacional ni para la inclusión social, sino que se
destinaron mayormente a la fuga de capitales, de modo que
tampoco engrosaron las reservas ni proveyeron mayor estabilidad
financiera. En efecto, pese a este proceso de acelerado y cuantioso
sobre-endeudamiento, las reservas internacionales, que se encontraban
en USD 25.092 millones el día de la asunción, sólo ascendían a
USD 48.102 millones el 19 de junio de 2018, es decir que se
incrementaron en sólo USD 23.000 millones. Para conocer el
despilfarro que se ha hecho de la deuda contraída basta con repasar
el balance cambiario del BCRA que muestra que en este período se
erogaron USD 25.236 millones en concepto de intereses, justamente
como resultado de este fuerte sobre-endeudamiento. Pero,
llamativamente, la exorbitante cifra de USD 47.724 millones terminó
financiando la Formación de Activos Externos, generalmente asociada
a la denominada “fuga de capitales”. Es una verdadera
irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del FMI otorgar
en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida para
evitar que con los nuevos recursos la política económica del
gobierno arroje los mismos resultados.
Seguramente
sabe Usted que el actual gobierno colocó a la tasa de interés de
política económica (LEBAC) en niveles elevadísimos. Los más altos
del mundo. El propósito declarado por el gobierno de esta decisión
era reducir la inflación. Aquel objetivo nunca se logró ya que la
inflación alcanzó según la oficina de estadísticas de la Ciudad
de Buenos Aires el 41% el primer año, el 26,1% el segundo y acumula
ya 15% en los primeros seis meses de 2018, totalizando más de 107,5%
desde la asunción de Macri. Un nivel también récord. Sin embargo,
lo que sí produjo esa elevada remuneración es una inmensa
acumulación de pasivos por parte del BCRA, cuyo volumen llegó a 1,2
billones de pesos, una suma mayor que la base monetaria completa y el
total de las reservas internacionales. Una verdadera bomba de tiempo
financiera.
También corresponde que
el Directorio conozca los números que exhiben el carácter
fraudulento que tuvo la administración de la corrida cambiaria que
resultara en el intempestivo pedido del empréstito en cuestión.
Entre el 19 de abril al 21 de junio de 2018 tuvieron lugar a la vez
tres fenómenos que nunca deberían haber ocurrido simultáneamente.
La tasa de interés de política pasó de 26.3% a 47%, el tipo de
cambio creció de $20,16 a $27,55 y, por su parte, las reservas se
redujeron desde USD 62.456 millones a USD 48.478 millones. En este
marco, se realizaron innumerables operaciones que favorecieron
intereses especulativos de inversores locales, extranjeros y a los
propios funcionarios permitiéndoles la dolarización de sus carteras
a tasas de cambio que resultaron ser 35% menores que las que hoy
imperan. Entre las más resonantes, podemos citar el caso de JP
Morgan, o el del fondo de inversión Templeton.
Por
otra parte, el déficit fiscal al que se apela para justificar la
colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de
decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de
sectores económicos concentrados cuyos privilegios viene a financiar
este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios
impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y
corporaciones mineras. La quita generalizada de retenciones ya
produjo pérdidas al Estado valuadas en USD 5.500 millones, que
quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de
las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las
exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una
conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en
perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para
forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar
la oferta de dólares en la plaza local. La misma lógica puede
aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios
impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la
reducción de impuestos a los bienes personales. Lejos de corregir
estas injusticias que distorsionan las cuentas públicas, las medidas
establecidas en el Memorándum y el Acuerdo las agravan.
Queremos, además,
alertar al Directorio sobre la explosiva situación social que vive
la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen
las medidas pactadas. Buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto
social conduce al debilitamiento del mercado interno con dinámica de
círculo vicioso. Las tan publicitadas “salvaguardas” que
establece el Acuerdo aplicables “en caso de que las condiciones
sociales empeoren” parecen una burla a quienes hoy ya ven peligrar
sus haberes jubilatorios, salarios, empleos o directamente sufren
hambre. Si se distribuyera la suma establecida como “salvaguarda”
entre los 13 millones de pobres durante los 6 meses que restan a
2018, son USD 6 mensuales que alcanzan para consumir menos de dos
kilos de pan por mes, en un contexto de suba generalizada de precios
que afecta particularmente los alimentos, el trasporte público y los
servicios esenciales. Es evidente que nada de ello permitirá palear
una catástrofe anunciada.
Es por eso que los abajo firmantes no tenemos otro camino que
repudiar este Acuerdo ya firmado y considerar a la nueva deuda
contraída bajo sus condiciones como “odiosa o execrable”.
Bregaremos, además, para que los compromisos suscriptos en el
Acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la Justicia como del
Parlamento. Le solicitamos que en su carácter de Directora Gerente
transmita al Directorio que este acuerdo entre el Organismo y el
Poder Ejecutivo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni
social; que los fondos comprometidos se utilizarán de manera
claramente fraudulenta en perjuicio del país; que el programa
económico impuesto producirá una catástrofe social; y que, por lo
expuesto, ante un cambio de gobierno, el acuerdo será puesto en
crisis.
i
https://www.infobae.com/economia/2018/05/08/encuesta-el-75-cree-que-es-inadecuado-pedirle-ayuda-al-fmi/
ii
https://www.lanacion.com.ar/1884670-no-vamos-a-pedir-un-prestamo-al-fmi-y-otras-frases-de-mauricio-macri
iii
https://www.lanacion.com.ar/2132949-dos-de-cada-tres-votantes-de-cambiemos-no-querian-que-macri-acudiera-al-fmi
iv
http://www.ambito.com/875402-dujovne-no-vamos-a-tener-un-programa-con-el-fondo-monetario
v
Papel que el propio organismo reconociera en su “Informe sobre la
evaluación del papel del FMI en Argentina, 1991–2001” y que
derivara en la peor crisis económica, política y social de nuestra
historia.
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