Por Daniel Link para Perfil
El 6 de agosto de 1886, Rubén Darío
publicó en La Epoca
(Santiago
de Chile) una declaración en favor del Canal por Nicaragua en
abierta contradicción con su repugnancia por la Doctrina Monroe.
Allí discute las vías de conexión entre dos océanos (Tehuantepec,
Panamá, Nicaragua), se pronuncia sin reservas por la vía a través
de su patria y desacredita el proyecto panameño de Lesseps, ya al
borde del colapso: “El Canal en Nicaragua ofrece especiales
ventajas. Unos cuantos barretazos, y la puerta que divide los dos
mares se abrirá de par en par”.
Darío
identifica su sueño con el de Ovidio (“De dos mares aqui está la
vasta puerta”) y lo pone bajo la tutela del Congreso
norteamericano, al que apremia, despreocupándose de cualquier
impulso anexionista (“Los yankees no piensan de ese modo”).
El
gran poeta transatlántico soñó con una vía de integración
oceánica que se tocaba (sin que él lo advirtiera) con sus fatigadas
chinoiseries,
que hoy pierden, ante nuestros ojos (en Argentina, en Ecuador, en
Nicaragua, donde el populismo gobernante se lleva bien con el
unipartidismo chino), el valor meramente decorativo que alguna vez
tuvieron.
En
2013, el gobierno de Nicaragua promulgó la “Ley Especial para el
desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a
el canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas”
(Ley 840) que fue denunciada como violatoria de al menos cuarenta
artículos de la Constitución nicaragüense.
La
ley cede a la concesionaria de la obra -la empresa, sin antecedentes
en la materia, HK Nicaragua Canal Development Investment Co (HKNC,
creada en Hong Kong por el abogado Wang Jing y con una subsidiaria en
las Islas Caimán)- derechos exclusivos para diseñar, construir y
operar un canal durante 100 años, con "privilegios,
exoneraciones, exenciones" especiales y el derecho de
"determinar las propiedades que deberán ser confiscadas"
mediante trámites expeditos. La Ley, además, obliga al Banco
Central de Nicaragua a colocar sus reservas internacionales como
garantía frente a posibles demandas de la empresa extranjera.
Los
“barretazos” previstos por Darío costarán 40.000 millones de
dólares: la obra de infraestructura más
ambiciosa en la historia de América Latina (el canal nicaragüense
admitirá incluso barcos de mayor calado que el centenario Canal de
Panamá).
Tanto
el gobierno de Costa Rica como las autoridades indígenas y
afrodescendientes de la Región Autónoma Atlántico
Sur de Nicaragua (afectada por el canal) manifestaron su profunda
preocupación sobre la ruta del Canal Interoceánico anunciada el
pasado 7 de julio, que viola la Declaración
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el
Convenio 169 de la OIT suscriptos y ratificados por Nicaragua. Pasare
lo que pasare (nadie puede olvidarse de las advertencias del
presidente uruguayo, “ésos sí que son jodidos”), propongo un
nombre para esa vía navegable: Canal Rubén Darío.
1 comentario:
¿Quién gobierna en Nicaragua?
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