La Corte Suprema declaró inconstitucionales las leyes de punto final y de obediencia debida y abrió las puertas para que cientos de militares y ex militares, cuyo enjuiciamiento se interrumpió en 1986, vuelvan a desfilar por los tribunales. (La Nación)
De este modo, uno de los poderes del Estado concurre a apuntalar el edificio institucional, al que estas leyes aberrantes le habían carcomido su pilar central: hasta ayer era posible castigar todos los delitos, salvo los más graves. Esta reverencia indebida ante el poder de la fuerza minó la confianza social en la justicia y fue el punto inicial del descrédito de las instituciones, implacables con los débiles, dóciles ante los poderosos y volcadas a servir las conveniencias de sus propios integrantes. (Horacio Verbitsky)
Hace 2 días.
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