Por Daniel Link para Perfil
El sistema universitario
público se encuentra amenazado como nunca. No sólo
presupuestariamente sino en su posiblidad misma para generar
respuestas imaginativas y sólidas a los desafíos del presente,
capacidad que el actual gobierno pretende negarle. Hace semanas que
la UBA dicta sus cursos en las calles, como forma de protestar por un
destrato inadmisible, y algunas unidades académicas fueron tomadas
por los alumnos. Nadie sabe cómo se resolverá un conflicto que
tiene un horizonte: a partir de agosto de este año, los edificios
universitarios ya no podrán pagar las exhorbitantes cuentas de
servicios públicos que nos están llegando. Las imprescindibles
obras edilicias serán paralizadas y no habrá aulas para garantizar
el dictado de los cursos.
La
UBA no es el Bien Supremo (hace unos años firmó un acuerdo
repugnante con el Centro de Administración de Derechos
Reprográficos) y este año renunció a la soberanía idiomática al
firmar un acuerdo para integrar el Servicio
Internacional de Evaluación de la Lengua Española, que se pretende
“universal, acedémico, ágil”, pero que en realidad es una
formidable transferencia de riqueza generada por la explotación de
un recurso natural (la lengua) a empresas españolas. No es el
momento de detenerse en estos aspectos sino en la defensa
incondicional del sistema universitario público en su conjunto:
aumento presupuestario, resolución de las paritarias docentes,
becas, obra pública. Garantías mínimas para la distribución
democrática del pensamiento libre.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario