Penny to heaven

por Daniel Link para Perfil

La renta de la tierra es vitalicia y hereditaria. Quien compre una parcela podrá explotarla en su beneficio y el de sus sucesores hasta el final del mundo. La propiedad intelectual, en cambio, no es tan generosa (y está bien que así sea). Pasados determinados años después de la muerte del autor, la obra pasa a dominio público y deja de devengar derechos.
Las rutas y demás vías de comunicación son (constitucionalmente) de dominio público. No se pueden vender ni comprar caminos, porque se supone que son de todos. El Estado, tan débil y tan inútil entre nosotros, concesiona la construcción y el mantenimiento de rutas y autopistas. Las empresas cobran peaje por las rutas que construyen y mantienen. ¿Hasta cuándo? En los países civilizados, hasta que el costo de construcción ha sido amortizado (España, Estados Unidos, sólo como ejemplo). Entre nosotros, en cambio, los peajes son eternos: no importa cuántas veces las empresas hayan recuperado la inversión inicial, los peajes no cesan de aumentar, lo que significa que, en realidad, hemos perdido los caminos como cosa de dominio público.
Además, nadie conoce las tasas de rentabilidad de los Alí-Babás de las rutas. Muchos de los usuarios se quejan del estado lamentable en el que se encuentran las carpetas, la iluminación, etc. Y, para completar el escandaloso panorama, sabemos que la red de autopistas es totalmente inadecuada al flujo de transporte (público y privado) que los caminos soportan.
La Fundación Metas Siglo XXI ha propuesto una Red Federal de Autopistas de 12.822 kilómetros, libre de peaje directo y sin costo presupuestario para el Estado (de las diez propuestas, es la única desarrollada y el apartado para la Región Metropolitana de Buenos Aires no es aceptable). Esa red reduciría la cantidad de accidentes viales, los fletes en un 20 %, y la duración de los viajes en un 30 %. El 3 de abril de 1998, el arq. Julio de Vido (como Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de Santa Cruz) firmó, junto con los ministros de las demás provincias argentinas, la Declaración de Puerto Deseado, avalando el proyecto. Como es mucho el olvido, acá se juntan firmas.