





La figura del vicepresidente ha cobrado especial interés a partir de algunas experiencias históricas que advirtieron sobre su papel respecto de la siempre lábil estabilidad del sistema. No figuraba en el proyecto constitucional de 1826 ni en el perteneciente a Juan Bautista Alberdi, pero el constituyente la recogió de la Constitución de los Estados Unidos de América.
Thomas Jefferson, tercer presidente de ese país, calificaba el cargo de "miseria esplendorosa", puesto que se encuentra en la cima del poder, pero carece de una distribución de funciones compatible con la altura de su posición.
Tal vez el vicepresidente tiene su papel más relevante en la campaña electoral, cuando se compone la fórmula y es ungida por el voto popular mayoritario. Pero, como bien señala el diplomático y periodista peruano Harold Forsyth, cuando la fórmula resulta elegida los fuegos artificiales se apagan y la carencia de facultades ejecutivas específicas puede crear dificultades en el desarrollo del gobierno (artículo incluido en la revista Transición , República de Perú).
Por otra parte, con la reforma constitucional de 1994 no sólo no se resolvieron los problemas que la institución ya había causado, sino que, al ser incorporada la Jefatura de Gabinete de Ministros, con atribuciones claras en materia administrativa y con atribuciones en su relación con el órgano legislativo, la hibridez del cargo se hizo más evidente, incluso desde el punto de vista normativo.
No es casual que uno de los autores que más se han dedicado a investigar la institución en nuestro medio haya destacado que la función del vicepresidente no ha sido el tema central de estudio y debate, ni en la ciencia política ni en el derecho constitucional, que no ha tomado en cuenta para el estudio académico las experiencias de la realidad que tanto influyeron en el desarrollo político de nuestra comunidad (Mario D. Serrafero, El poder y su sombra. Los vicepresidentes , Editorial de Belgrano).
La reflexión que la realidad actual nos propone no puede dejar ausente el análisis de este instituto y tampoco su incidencia para la gobernabilidad.
Este término ha ingresado en la terminología política argentina precisamente porque en los veinticinco años de ejercicio continuado de los mecanismos formales de nuestro régimen institucional la estabilidad del sistema ha peligrado y el contrato social se ha fracturado en diversas oportunidades.
La grave crisis de diciembre de 2001 y la que se atraviesa en este momento demuestran la necesidad de analizar el funcionamiento de la vicepresidencia, así como la posibilidad de la supresión o de la modificación sustancial de su regulación jurídica, que en 1994 no se hizo, pese a que en ese momento el cargo se encontraba vacante.
Los enfrentamientos producidos entre el partido gobernante, algunos ministros del Poder Ejecutivo y el actual vicepresidente de la Nación indican la conveniencia de concederle otro tipo de facultades constitucionales, para que cumpla un papel más preciso dentro del sistema y para que su conducta sea indubitable.
La Constitución vigente incluye sólo dos normas que tienen como sujeto principal al vicepresidente (los artículos 57 y 88), mientras que las restantes que lo mencionan lo vinculan con el presidente de la Nación en cuanto a las condiciones de su exigibilidad, duración de mandato, destitución, etcétera.
Esta escasez de regulación normativa sobre las funciones específicas que debe tener el vicepresidente contrasta con su calidad de compañero de fórmula y de beneficiario de la elección popular, pero también confunde a la ciudadanía sobre cuál es el verdadero papel que debe cumplir este funcionario durante el ejercicio del mandato.
El vicepresidente no integra el Poder Ejecutivo Nacional, puesto que éste, por expresa disposición del texto constitucional, es unipersonal y debe ser desempeñado solamente por el Presidente (según lo establecido por el artículo 87 de la Constitución nacional).
El artículo 57 de la Constitución le impone al vicepresidente una función, que es la que habitualmente desempeña: presidir el Senado de la Nación, con voz pero sin voto, excepto en el caso de que haya un empate en la votación.
Esta es su función en casos de presencia del presidente de la Nación y mientras no se produzcan situaciones de acefalía. El vicepresidente está ceñido a la presidencia de este cuerpo legislativo con la atribución del denominado "voto de calidad". Esta función tiene un justificativo dentro de la forma federal de Estado.
La existencia de un vicepresidente que presida el Senado mantiene el equilibrio de representación entre las provincias, que, igualitariamente, están representadas en este órgano, dado que ninguno de los senadores conduce la cámara o cuenta con doble voto.
Este fue el motivo de la creación de la figura en el derecho constitucional norteamericano, según se desprende de El Federalista , de Alexander Hamilton (número LXVIII). El mantenimiento de la igualdad en la representación es uno de los motivos que fundamentan la existencia de este órgano también en nuestra forma de gobierno.
Sin perjuicio de la escasez de regulación en el texto constitucional, la presidencia del Senado le otorga al vicepresidente funciones y tareas que no son desdeñables desde el punto de vista de la atención y del tiempo que debe brindarles, sino que, por el contrario, le otorgan una esfera de poder.
El reglamento de la Cámara de Senadores le dedica un artículo completo, con quince incisos, a la regulación de las funciones del vicepresidente y a la descripción de las tareas concretas que el ejercicio del cargo le impone.
Esta función constitucional le permite manejar discrecionalmente los fondos reservados de la Cámara, facultad que le otorga un poder económico concreto, por su significativo monto.
El actual vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, tomó la decisión de ejercer sus atribuciones. No se sometió a la férrea voluntad del gobierno que integra ni -como lo hicieron Alejandro Gómez, en 1958, y Carlos Alvarez, en el año 2000- decidió retirarse del cargo, para el cual obtuvo el mismo porcentaje de votos que la Presidenta.
Claro: debió haber recordado antes que sus nuevos y sorprendentes aliados integran un partido cuyo origen es militar, creado durante el golpe pro Eje de 1943 y liderado por un coronel que había ocupado varios cargos en el gobierno de facto, incluida la vicepresidencia, y que había impuesto el verticalismo, tanto en el partido como en la principal organización social entre las que le habían dado sustento, el sindicalismo.
El matrimonio Kirchner, a diferencia de muchos otros integrantes del pasado y del presente del partido oficial, aplica férreamente estos principios castrenses, y castiga la falta de obediencia.
Indudablemente, este ejercicio legítimo de sus funciones vicepresidenciales provoca una nueva controversia y la añade a las varias protagonizadas por vicepresidentes durante nuestra accidentada vida institucional. Además, desnuda la debilidad de nuestro régimen político y la necesidad de adoptar medidas que corrijan los errores en el bosquejo normativo de ese régimen.
El deterioro de la calidad institucional de nuestro país despierta una preocupación profunda sobre la necesidad de revisar su forma de gobierno y crear un régimen que le dé estabilidad y efectiva concreción al Estado de Derecho.
Los veinticinco años transcurridos desde la reinstalación del sistema constitucional muestran la urgencia de adoptar cambios para que nuestras instituciones puedan funcionar normalmente y crear un sistema en el cual el goce efectivo de los derechos humanos sea un hecho cotidiano.
Lamentablemente, hoy resulta vigente la observación de un notable argentino que fue el primer vicepresidente que terminó el mandato de su compañero de fórmula.
"Nos falta algo esencial: ignoramos las prácticas y los hábitos de un pueblo libre y nuestras instituciones escritas son sólo una promesa o una esperanza. El artículo 10 de la Constitución dice que la República adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal. La verdad real y positiva es que nuestro régimen, en el hecho, no es representativo, ni es republicano, ni es federal..."
Quien pronunció la frase precedente fue Carlos Pellegrini, en su discurso ante la Cámara de Diputados de la Nación, el 9 de marzo de 1906.
Todavía hoy, la vigencia sustancial y plena del Estado de Derecho en nuestro país es una asignatura pendiente de la sociedad argentina.
La decisión del Senado, rechazando la media sanción de la ley que respaldaba la Resolución 125 impulsada por el Poder Ejecutivo, es una derrota política y un llamado de atención hacia las formas de conducción gubernamental del kirchnerismo. El proyecto del Gobierno no cayó solamente por el voto del vicepresidente Cobos o gracias a una confabulación reaccionaria. También aportaron la tozudez del Gobierno, que se negó a consensuar determinadas reformas al proyecto con otros sectores que buscaban segmentar las retenciones y dar prioridad a la investigación de la grosera defraudación realizada contra el Estado por las grandes exportadoras de granos y oleaginosas. A partir de noviembre del 2007 y hasta fines de mayo del 2008, debido a la negligencia o complicidad de las autoridades las retenciones sirvieron para estafar al Estado en 1169 millones de dólares, que las exportadoras cobraron a los productores y no fueron liquidados al fisco. En esta dirección apuntaba el proyecto presentado por Proyecto Sur a través de Claudio Lozano junto a otros diputados, que buscaron hasta último momento consensuar un proyecto único con el oficialismo, profundizando las retenciones móviles y segmentadas. Pero fue inútil.
La soberbia y la obcecada actitud gubernamental llevó al país a atravesar más de 100 días de conflicto, antes de tomar la decisión de hacer participar al Congreso. La experiencia vivida en Diputados no sirvió como advertencia: en el Senado, el Gobierno volvió a encerrarse en una lógica sectaria, entrando en un peligroso juego de espejos que el año pasado lo había llevado a otra histórica derrota en Misiones. Lejos de demostrar vocaciones democráticas, el kirchnerismo se ha negado a debatir con la sociedad los grandes temas pendientes; y tampoco lo ha hecho en el Parlamento. Su dinámica de toma de decisiones a partir de un núcleo reducido y cerrado, que evita las reuniones de gabinete y cuyas resoluciones son impuestas a partir de una obediencia debida que cercena cualquier posibilidad de crítica, necesariamente conlleva la posibilidad de cometer serios errores, como ha sido el caso del enfrentamiento con “el campo”. Un rasgo complementario de ese tipo de gobernabilidad es el de clausurar la posibilidad del consenso, al establecer espurias polarizaciones –dentro de una lógica de confrontación amigos-enemigos– tendientes a exacerbar el conflicto y crispar los ánimos sociales. No sólo fueron manipuladoras y maniqueas las campañas de los grandes medios y el poder rural, sino también las del Gobierno. La política de Kirchner ha utilizado el chantaje, invocando los fantasmas más temidos del pueblo argentino para convocar a la defensa de la democracia, a pesar de haber hecho votar la ley antiterrorista. Lo más sorprendente fue su capacidad para tentar con ese tipo de convocatoria a muchos compañeros y ciudadanos progresistas, de fuerzas sociales y políticas que no debieron prestarse a este juego del pejotismo. Quienes no estaban dispuestos a ser arrastrados a una convocatoria del nuevo presidente del PJ –uno de los partidos responsables del desguace y endeudamiento de la Nación mostrando en el palco a los Scioli, los Gioja, los gordos sindicales, los intendentes corruptos del conurbano y más cómplices del saqueo nacional– fueron considerados golpistas, antidemocráticos, integrantes de una “nueva derecha” antipopular; con los cuales es imposible llegar a cualquier consenso. Y aquellos que desde las propias fuerzas del Gobierno busquen ese consenso, serán tildados de traidores. La consigna es contundente: o están con nosotros defendiendo la democracia o están con los golpistas.
Formas de gobernabilidad más similares a monarquías absolutas –un síndrome característico de varias provincias chicas de nuestro país– que a dinámicas democráticas. Cuando durante largos años se ha gobernado controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo –impidiendo que fuera el ámbito de los grandes debates nacionales– el Poder Judicial, los medios locales de comunicación, las fuerzas de seguridad y las posibilidades de dar empleos o subsidios, pueden cometerse “errores de escala”. Porque una cosa es gobernar de este modo a una provincia poblada por unos 200 mil habitantes; y otra es pretender hacerlo en un país de cuarenta millones, mucho más heterogéneo y complejo. Estas distorsiones llevaron a aplicar mal una medida correcta, como son las retenciones móviles, desconociendo que debían ser segmentadas e ignorando, además, que en ese negocio participan otros grupos de poder como las grandes exportadoras y los pools de siembra, cuyas ganancias extraordinarias no son afectadas impositivamente, en tanto a través de fideicomisos no tributan ganancias.
Este llamado de atención es pertinente, en tanto el enfrentamiento contra “el campo” durante más de cuatro meses ha dejado postergados otros problemas no menos graves y fundamentales, que requieren un debate profundo si se pretende consolidar un nuevo modelo de país con redistribución de la riqueza. Nos referimos a las políticas contra la inflación, a la creciente deuda externa que se acerca a los 200.000 millones de dólares; a la crisis energética y el abandono de una política de recuperación de los recursos hidrocarburíferos; al tema del colapso del sistema de transportes y en particular los ferrocarriles; al perfil impositivo y las ventajas del sector financiero, que goza aún de la Ley Martínez de Hoz; a las excepciones impositivas de las corporaciones mineras que no tienen obligación de ingresar las divisas de exportación; a la promoción de empresas sociales y nuevos tipos de empresas públicas nacionales con control de los usuarios y consumidores; a la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el mercado de cabotaje nacional y las flotas marítima y fluvial; a la nueva ley de medios de comunicación y la democratización de los espacios audiovisuales cuyas licencias son del pueblo; al tema de las estadísticas del Indec; a los modos de integración autónoma continental con la creación de empresas públicas latinoamericanas en distintas áreas estratégicas. En función de estos objetivos, es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica.

La semana pasada, en la apertura de una muestra de pintura, sólo se hablaba del que tal vez sea el libro del momento, lo que viene a demostrar, en contra de las corrientes más alemanas de la filosofía contemporánea, que la literatura sigue sosteniendo la capacidad de ofrecernos síntesis precisas del presente y que, después de la política (es decir, la historia), es lo único capaz de suscitar debates intensos.
"¿Es verdad que la novela es totalmente autobiográfica?", me preguntó una funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como conozco los equívocos a los que lleva un diagnóstico semejante, demoré mi respuesta, circunstancia que aprovechó un artista conceptual, enemigo de la autora (se pelearon hace unos años, hecho que la novela registra lacónicamente) para introducir su bocadillo de maldad: "Si es así, la novela debe de ser pésima, porque esa vida no puede tener algo interesante" . "Nada que ver", intervine. "¿Y entonces por qué es buena?", insistió el artista conceptual. "La novela está muy bien escrita", dije, sabiendo que me metía en un marasmo porque, ¿qué quiere decir hoy por hoy que una novela está bien escrita?
"¿Ah, sí?", preguntó una curadora, con un tonito que le venía de su contacto con la obra de Duchamp, a la que últimamente está entregada. Aproveché para aclarar mi punto de vista: "Lo interesante es el modo en que articula el registro de lo íntimo con el dominio de lo público: trabaja en un límite muy lábil, más bien un umbral, y lo hace con gran delicadeza... Y todo lo que dice, como gira alrededor de la desaparición del Estado en 2001, viene muy a cuento para hablar del segundo capítulo de la crisis, que hoy nos arrastra".
La conversación continuó algunos minutos, con la circulación de los interlocutores característica de la danza precisa de las vernissages, y se reprodujo cuatro noches después, en un tono menos galante y más teórico, en una sobremesa de poetas y críticos latinoamericanos.
Sí, La intemperie de Gabriela Massuh (Interzona) es la novela del año, desde ya, y uno de los libros más importantes con los que contamos para pensar lo que nos pasa.