Lo que ahora se discute en nuestro país es la mejor forma para resolver una situación escandalosa que afecta a millones de niños (en América Latina la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres). En la Argentina el 33,5% de las personas son pobres. Considerados los menores de 18 años, el porcentaje trepa al 47,2 % (6.291.032 personas). Según quien proponga las estadísticas, la cantidad de indigentes dentro de esos grupos será variable, pero en todo caso, no despreciable.
Hay (creo) cinco proyectos con estado parlamentario en el Congreso de la Nación. Las diferencias fundamentales entre unos y otros tiene que ver con el carácter universal (o no) del subsidio a la infancia contra el que nadie en su sano juicio podría estar directamente en contra.
El Poder Ejecutivo Nacional y sus legisladores afines han señalado su oposición a un subsidio universal sin que se entiendan demasiado bien las razones de esa repugnancia. Después de todo, los hijos de los ricos y de la clase media ya están subsidiados, a través de las asignaciones familiares y las deducciones en el impuesto a las ganancias. Los hijos de los pobres están (muy) parcialmente subsidiados a través de los planes de asistencia (Jefes y Jefas, etc.) y los programas alimentarios (“copa de leche”, etc.).
Bastaría una ingeniería legal (no demasiado compleja, por otra parte) que eliminara o disminuyera las deducciones impositivas, reasignara las partidas que se invierten en planes sociales (siempre objeto de sospechas) y revisara el sistema de asignaciones familiares para arribar a un sistema único y universal de protección de la infancia no más costoso para el Estado Nacional que el capricho aerolíneo y el fútbol gratis sumados.
De acuerdo con el sistema híbrido actualmente en vigor, los niños “valen” diferencialmente según la colocación de sus padres en el mercado laboral y no hay forma de garantizar la equidad, porque cada uno de los sistemas (asignaciones familiares, deducciones, planes sociales) es totalmente independiente respecto de los otros. Seis millones de personas merecen una respuesta que, además, sea justa. El debate no debe ser prolongado*.
*¡Y no lo fue! No hay como haber perdido una elección para ponerse las pilas.
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