Lunes 3 de enero de 2005
Opinión
Por Fernando Pedrosa Para LA NACION
Una vez que finalice el primer momento de dolor, de indignación y de incredulidad que produjo la tragedia de República Cromagnon, en Once, deberemos hacer algo más que reflexionar sobre ella para evitar su repetición. Si bien el suceso no es inédito en nuestra historia (basta recordar el incendio en la disco Kheyvis, el derrumbe en un concierto de Soda Stereo en San Nicolás o los chicos electrocutados en Puerto Madero durante el recital de Divididos), sí lo es la magnitud que ha adquirido, y esto, a estas alturas, no es un dato menor. Lo sucedido es un indicador, dramático, de que el grado de desintegración de nuestra sociedad está llegando en estos momentos a un punto crítico. La cadena de responsabilidades e irresponsabilidades que permitieron que esto ocurriera es una postal de una sociedad que insiste en vivir y en convivir al margen de la ley, eludiendo e ignorando la existencia de las instituciones y normas, formales e informales, que deben regir la vida en común. Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, desde otra perspectiva, son las limitaciones ideadas y consensuadas que dan forma a la interacción en una sociedad determinada. El gran jurista argentino Carlos Nino denominó la falta de legalidad permanente en que vivimos "anomia boba". Esta consiste, a grandes rasgos, en la existencia de conductas informales (por ejemplo la corrupción en todo nivel), menos eficientes que lo que garantizaría el uso de las normas formales, y, a pesar de eso, utilizadas una y otra vez. Frente a las consecuencias crecientes de la anomia, resulta imprescindible volver a generar un consenso entre los actores dirigentes. Ese consenso servirá para reconstruir un tejido social, que sólo puede ser articulado al son de instituciones sociales legitimas y eficaces. En algunos países que han afrontado exitosamente este desafío, como la España de la transición, esto se ha realizado a través de un gran acuerdo, donde amplias franjas sociales y actores estratégicos entendieron que la cooperación mutua y el respeto por las reglas de juego resultaban imprescindibles para el desarrollo del país, hasta ese momento sumido en la pobreza y en el estancamiento. En la Argentina de hoy eso no está tan claro. Los estímulos para cooperar y estructurar las relaciones sociales en forma acordada y respetuosa de la legalidad parecen ser menos atractivos que los inversos. En este sentido, si los estímulos positivos no bastan, habrá que poner atención en aumentar los costos que los actores más importantes (políticos, empresarios), pero también individuos y corporaciones, deberán pagar por ignorar la legalidad reiteradamente. La llave de un nuevo acuerdo social deberá girar, indefectiblemente, en torno de la Justicia, de su aplicación estricta y de su cumplimiento a rajatabla. El castigo a los responsables penales, políticos y administrativos de la tragedia debe ser un punto indiscutible para cerrar este hecho, pero no bastará para que el horror no vuelva. Exorcizar el dolor El linchamiento público, los altares populares y los reclamos airados sólo podrán exorcizar el dolor y alejar el temor momentáneamente. La imagen de Omar Chabán cuando pedía que no arrojaran bengalas, en un establecimiento cuya capacidad máxima estaba largamente sobrepasada, y la respuesta irracional de la multitud que gritaba "botón, botón", mientras algunos arrojaban más petardos, grafican lo antedicho. Más tarde o más temprano, nuestra sociedad deberá elegir entre la República o Cromagnon. De este último lugar ya tuvimos un adelanto.
El autor es profesor de historia y máster en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca
Link corto: http://www.lanacion.com.ar/668189
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