Tras
la elección de Mauricio Macri en noviembre de 2015, la Argentina se ha
convertido en punta de lanza de la nueva derecha latinoamericana; la misma que, en Brasil, acaba de aprobar el
impeachment de la presidenta electa por un golpe parlamentario de un congreso
plagado de corruptos y delincuentes. Macri comparte con sus socios brasileños,
el líder del congreso Eduardo Cunha y el vicepresidente Michel Temer, no sólo
la predilección por los negocios offshore y la desviación de fondos públicos a
socios y amigos.
El co-titular de Fleg Trading, Kagemusha, Opalsen S.A. y Macri
Group Panamá, involucrado también en más de una docena de otras empresas
pantalla en paraísos fiscales, también sigue el ejemplo de sus pares de Rusia,
Ucrania, Siria y Qatar nombrados en los Papeles de Panamá a la hora de usar la
justicia para perseguir opositores y recortar la libertad de expresión. Pero a diferencia
de lo que sucedió con Putin, Assad y Poroshenko, los medios argentinos
afiliados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación han
minimizado el involucramiento del presidente argentino en el escándalo de las
cuentas offshore.
Con el beneplácito de sus socios internacionales, los diarios
La
Nación y Clarín mantuvieron en secreto las
revelaciones sobre los negocios turbios de Macri hasta después de las
elecciones presidenciales. Más aún, su gobierno fue informado de la publicación
con al menos un mes de anticipación, lo suficiente como para armar estrategias
mediáticas y jurídicas que desviaran la atención del escándalo.
¡Ladrones! (gritaba el ladrón, mientras metía la mano en la billetera)
Esta
participación de medios de comunicación en el andamiaje político y a favor de
grupos económicamente beneficiados no resulta novedosa. Sin embargo, hay
niveles de obscenidad en dichas prácticas y quizás el caso argentino represente
uno de los más flagrantes de los últimos tiempos. Cuando, bajo la dirección del
periódico alemán Süddeutsche Zeitung, medios de diferentes países fueron
convocados para coordinar la investigación, en la Argentina sólo se eligió a
medios férreamente alineados con el macrismo, sin permitir el ingreso de
ninguna voz independiente. Para colmo, el propio diario La
Nación figura en los Papeles de Panamá como dueño de empresas
offshore.
El
tejido de acontecimientos posterior a las revelaciones no deja mucho lugar a
dudas: en el momento del lanzamiento mundial de los Panamá Papers,
el macrismo ya había urdido una red de contranoticias para cubrirlo, entre las
cuales se destaca una catarata de imputaciones contra ex funcionarios y
aparentes socios de la administración previa, mientras Macri declaraba estar
“sorprendido” ante la existencia de sociedades offshore en cuya titularidad se
turnaba con su padre y hermanos. El clímax de la operación llegó cuando se tapó
la inevitable imputación al presidente actual con otra, al día siguiente,
contra la su predecesora Cristina Fernández de Kirchner, la cual por supuesto
cubrió las primeras planas.
La
principal excusa de Macri, que una de las sociedades se creó para una operación
que nunca avanzó, fue bochornosamente desmentida por Página/12
a través de una simple búsqueda en Google que resultó en –créase o no– un
artículo del año 2002 del mismísimo diario La Nación. Al mismo tiempo, han
surgido indicios de que empresas offshore a nombre de colaboradores de Macri
podrían haber sido usadas para desviar millones de fondos públicos a la campaña
electoral del PRO, el partido de Macri, que ha bloqueado asímismo la
investigación iniciada por el gobierno anterior de las cuentas offshore
relacionadas con allegados a la ESMA, uno de los principales centros de tortura
de la última dictadura militar.
Pero el blindaje periodístico del presidente y
varios de sus ministros es sólo la punta de un iceberg que ha venido operando
desde hace décadas. El Grupo Clarín es porcentualmente uno de los multimedios
con más concentración en todo el mundo, dueño de proveedores de televisión por
cable, servicios de internet, radios, canales de televisión abierta y medios
impresos. El diario del mismo nombre es el segundo de más tirada en español a
nivel global. Junto con La Nación, el Grupo Clarín posee
asímismo la mayoría accionaria del monopólico productor de papel de diario Papel
Prensa, que fue adquirido en circunstancias sospechosas durante la
última dictadura militar y que (al igual que sucede en Brasil con O
Estado de São Paulo y O
Globo) les permitió por décadas controlar la expresión pública
impresa y audiovisual.
El gobierno kirchnerista intentó desarticular ese
monopolio a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, votada
con amplia mayoría en ambas cámaras en 2009. Luego contaría con el triste honor
de ser la ley más judicializada en la historia argentina, hasta que en 2013 la
Corte Suprema la declaró constitucional. En su primer día de gobierno, Macri se
apresuró a derogar dicha Ley con un Decreto de Necesidad y Urgencia: el Grupo
Clarín, como resultado de esta devolución de favores, no sólo no deberá
desmembrarse sino que ya está cerrando contratos para acceder al único rubro
que aún le faltaba, la telefonía móvil.
Como
resultado de esa reinstauración de los monopolios, los escasos medios opositores
a Macri comienzan a desintegrarse y periodistas que lo han denunciado fueron
echados de sus puestos. Así, a nadie puede sorprender que ataques armados a
locales de la oposición y amenazas de bomba contra centros de derechos humanos
hayan pasado casi desapercibidos, que las manifestaciones contrarias al
gobierno sean negadas o minimizadas o que se escondan los despidos masivos que
según fuentes sindicales ya suman más de 200 mil desde la asunción de Macri.
Siempre fue claro que las políticas de ajuste que llevaría a cabo el gobierno
no iban a ser particularmente populares y que se requería la manipulación
mediática para contener los desbordes. Sin embargo, la fuerza con la que este
procedimiento está siendo llevado a cabo bordea la memoria de los tiempos más
oscuros en la historia reciente del país.
Primero la sentencia, después el proceso
La
protección mediática del gobierno de Macri funciona en conjunción con sectores
de un poder judicial que, bajo la consigna general de la “corrupción”, buscan
fundamentalmente perseguir, debilitar y en lo posible encarcelar a figuras
políticas opositoras. Este protagonismo del poder judicial no es nuevo, y forma
parte de una avanzada regional que encuentra en el caso brasileño y en el juez
Sergio Moro –cabeza principal de la avanzada contra el ex presidente Lula– un
ejemplo acabado.
Ese mismo esquema ya estaba en funcionamiento en Argentina,
pero adquiere un nuevo impulso y alcance con la actual ofensiva judicial contra
Cristina Kirchner: el juez Claudio Bonadío — un juez de perfil abiertamente
pro-Macri, con antecedentes en el gobierno notoriamente corrupto de Carlos
Menem, acusado de ‘dormir’ causes de tráfico de sangre contaminado y del
encubrimiento oficial del atentado a la mutual judía AMIA en 1994, entre
otras — la citó a declarar por una causa de debilísima base legal, que fue
reconocida por un amplio espectro de juristas como persecución lisa y
llanamente política (el juez acusa a la cúpula del gobierno anterior por una
fijación del cambio de la moneda, medida que claramente forma parte de las
atribuciones que tiene cualquier gobierno.)
Esa avanzada del poder judicial
debe ser leída en el marco de otras irregularidades jurídicas, notablemente la
prisión ‘provisional’ de la dirigente popular Milagro Sala en Jujuy, donde el
mismo abogado defensor ha sido amenazado con una causa. El objetivo de estos
jueces al servicio de sectores políticos y mediáticos parece ser el mismo: la
foto en la cárcel de los dirigentes opositores.
Este
mismo poder judicial, sin embargo, ha sido más que remiso en perseguir a
figuras centrales del actual gobierno, empezando por el mismo Macri, quien
acumula numerosas causas a las que ahora se le suman las de sus empresas
offshore. Se trata de jueces abiertamente parciales, alineados con objetivos políticos
del oficialismo –sobre todo, el de liquidar el peso simbólico del kirchnerismo.
Pero se trata también de algo aún más grave: un poder judicial que quiere
funcionar como vigilante de la política, que busca vaciar los sentidos
históricos de las luchas, y que funciona como herramienta automática para una
gestión neoliberal de lo social.
Una república como la gente
La
campaña que llevó al macrismo al poder estuvo basada en una imagen de
profesionalismo y respeto por las instituciones de un Estado que los medios
corporativos habían retratado como invadido, manipulado, y utilizado por el
kichnerismo como una maquinaria o bien disfuncional, o bien movilizada para su
propio beneficio económico y/o político. Siguiendo un guión tradicional de las
derechas nuevas y viejas, toda política de inclusión ciudadana fue
caricaturizada y demonizada como favoritismo o negociado. A pesar de esta
persistente acusación, el nuevo gobierno no se sintió limitado en su
contratación de allegados y familiares para ocupar altos y medios cargos en las
estructuras del estado, mientras se intenta proyectar como limpieza y prudencia
la expulsión y ninguneo de aquellos ahora considerados ‘ñoquis’ sobrantes.
Más
allá del cinismo que esta política de shock social connota, más allá de lo
anecdótico que puede parecer la contratación serial de esposas, primos, yernos
y amigos, se trata de una agenda política que transfiere poder y control de la
economía a grandes capitales corporativos ligados a los funcionarios del
macrismo. Es en este contexto que se inscriben fenómenos aparentemente
desconectados tales como la contratación como funcionarios y licitaciones de
contratos estatales a familiares y amigos, la obediencia a capitales
especulativos que connota el pago a los fondos buitre, y las cuentas offshore
del presidente, cuya supuesta ‘legalidad’ se sustenta en la lógica del capital
transnacional.
‘El que tiene hambre de verdad, come cualquier cosa’
Hay un
vínculo que une episodios aparentemente muy diversos como los negocios offshore
de empresarios argentinos, la persecución jurídico-mediática contra políticos o
militantes sociales renuentes al consenso de Washington y las inhumanas
declaraciones de los funcionarios de la actual gestión –como la pronunciada por
la vicepresidenta del Consejo Escolar de la Provincia de Buenos Aires para
justificar la distribución de leche vencida en barrios pobres– efectuadas para
justificar la supresión de las ayudas a los sectores vulnerables. Este vínculo
es la descomunal evasión fiscal en países como la Argentina.
Desde hace
décadas, los medios corporativos multiplican las denuncias por corrupción
contra políticos contrarios a sus intereses para instalar en la población la
idea de que pagar impuestos resulta inútil en un país donde los funcionarios se
apropian los fondos públicos o los dilapidan financiando puestos estatales
superfluos. Desde hace décadas, los medios concentrados suscitaron así una
descabellada, pero eficaz, solidaridad entre los pequeños comerciantes, los
profesionales o los trabajadores calificados obligados a pagar, como en
cualquier otra parte del mundo, un impuesto a las ganancias, y los grandes
empresarios que, como Macri y su familia, se dedican a abrir cuentas offshore
para escapar a los controles del fisco.
Esta
campaña puede resumirse con una declaración realizada por el periodista Jorge
Lanata para el periódico madrileño ABC y publicada el 12 diciembre de 2015:
“Macri no necesita poder ni dinero. Es muy noble que haya querido ponerse al
frente del caos que hay en la Argentina”. Excluir a los pobres de la política,
debido a que están tentados por la malversación de fondos públicos, y
sustituirlos por los ricos: resulta difícil encontrar en la historia de la
humanidad semejante declaración de amor a la plutocracia. Y esta dificultad nos
da una idea de las proporciones de aquella campaña: no solamente para que
semejante enormidad haya sido proferida sino también para que una buena porción
de la opinión pública haya llegado a compartirla. Y plutocracia, después de
todo, tal vez sea solo el antiguo nombre de esta nueva democracia offshore.
El "Observatorio argentino" lo componen:
Alejandra Crosta (University of Oxford), Alessandra Ghezzani (Università
di Pisa), Andrea Pagni (Universität Erlangen-Nürnberg), Andrés Avellaneda
(University of Florida), Anna Forné (Göteborgs Universitet), Ben Bollig
(University of Oxford), Cara Levey (University College Cork), Carmen Arndt (AP
Berlin), Cecilia Sosa (University of East London), Claudia Tomadoni (Bauhaus
Universität Weimar), Daniel Ozarow (Middlesex University), Dardo Scavino
(Université de Pau), David Rojinsky (King’s College London), Edoardo Balletta
(Università di Bologna), Emilia Perassi (Università di Milano), Federica Rocco
(Università di Udine), Fernanda Peñaloza (University of Sydney), Fernando
Rosenberg (Brandeis University), Francisco Domínguez (Middlesex University),
Gabriel Giorgi (New York University), Gisela Heffes (Rice University), Graciela
Montaldo (Columbia University), Ignacio Aguiló (University of Manchester),
James Scorer (University of Manchester), Jens Andermann (Universität Zürich),
John Kraniauskas (Birkbeck College London), Jordana Blejmar (University of
Liverpool), Kathrin Sartingen (Universität Wien), Liliana Ruth Feierstein
(Humboldt-Universität zu Berlin), Milton Läufer (New York University), Pablo
Rosso (Especialista en Moitoreo Ambiental, Berlín), Rike Bolte (Universität
Osnabrück), Vikki Bell (Goldsmiths College London).
(Gracias, Jens)
